La persecución del fraude laboral no ha cesado durante la pandemia, pero sí ha revertido el foco, por ejemplo, hacia el control de los ERTE control de los ERTEo el modo de inspeccionar, con más comprobaciones no presenciales, por ejemplo, ante las dificultades para entrar en residencias, por los protocolos anticovid; o los habituales controles de altas en turismo, con el grueso de alojamientos cerrados; o en contrataciones de la hostelería, sin apenas eventos ni festejos populares.

Desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social resaltan que la Inspección Provincial de Trabajo en Castellón encara este 2021 con una planificación de 8.124 inspecciones --una media de más de 20 al día-, una cifra que refuerza las de años anteriores --7.213 en 2020 y 7.518 durante el 20219--. «Las principales actuaciones previstas van a ir dirigidas a comprobar irregularidades laborales en contratos temporales o a tiempo parcial; economía sumergida; Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE); prevención de riesgos laborales y de seguridad de los empleados frente al coronavirus», enumeraron.

Calidad del empleo

Desde la Inspección Provincial concretaron que en materia de economía irregular, «la lucha contra el fraude se centrará en dos figuras: la de los falsos autónomos (como determinados repartidores) y el uso incorrecto del becario». En las empresas se continuará con «crevisión de contratos temporales o a tiempo parcial que sean un fraude porque se usan para cubrir jornadas a tiempo completo, con cotización inferior». Otro punto de atención girará hacia «el control de la calidad del empleo: del tiempo de trabajo, registro de jornada, impago de salarios, incumplimiento de convenios colectivos, etc.».

Unido al contexto, continuará con la lupa sobre los ERTE por covid-19, «para comprobar que los afectados en el periodo que cobran la prestación por desempleo no están efectivamente trabajando; y que tampoco se producen despidos, incumpliendo la cláusula de salvaguarda del empleo». Y se velará los protocolos de salud pública en los centros de trabajo.

El sector de las empleadas del hogar protagoniza otra iniciativa, «inédita», tal y como destaca Amparo Máñez, presidenta del Colegio de Graduados Sociales de Castellón. «Por primera vez, la Inspección de Trabajo ha iniciado una campaña informativa con cartas de aviso a empleadores de personal doméstico. Les están llegando a título de aviso para regularizar sueldos y cotizaciones en base a la subida del Salario Mínimo Internacional (SMI) a 950 euros». Es además, una actividad que históricamente ha defraudado con personal sin la preceptiva alta.

Elevada siniestralidad laboral

Otra acción en este 2021 consistirá en una campaña «sobre empresas que tengan una elevada siniestralidad». En opinión del secretario general de CCOO en Castellón, Albert Fernández, hace falta, pues «un organismo autonómico como el Invassat, está bajo mínimos y precisa apoyo en la lucha contra la prevención de accidentes de trabajo». En su opinión, «Inspección de Trabajo y Agencia Tributaria, cuyo trabajo pongo en valor, precisan que se les dote de más recursos para atajar la economía sumergida». «La hostelería ha funcionado intermitente y al ralentí por las restricciones del covid y quizás se hayan producido menos irregularidades en el último año, pero aún así hay que vigilar las contrataciones. Siguen todavía sin convenio laboral», añadió.

Por su parte, el líder provincial de UGT, Francisco Sacacia, consideró «fundamental» que «aún sabiendo la escasez de recursos de la Administración, se controle que todos los ERTE presentados durante la pandemia eran de verdad por causa del covid y no por otros motivos». Salvo sectores esenciales como alimentación, sanitario, etc. en el resto, en todos ha habido ERTE, incluida la industria, al descender las ventas, con más de 50.000 personas afectadas».