El giro de Carles Puigdemont aceptando ayer durante unas horas disolver el Parlamento de Cataluña y convocar elecciones fue el resultado de un proceso de mediación que desde hace días está llevando a cabo el lendakari vasco Iñigo Urkullu con la participación de un grupo de empresarios catalanes capitaneado por Joaquim Coello, Juan José López Burniol, Marian Puig y Emilio Cuatrecasas. Esta delegación de empresarios, que representa a un grupo más amplio de instituciones y representantes de la sociedad civil catalana que de manera discreta media para que se frene la escalada de tensión política, tuvo una primera reunión el pasado martes en Barcelona con el presidente de la petrolera Petronor, Emiliano López Atxurra.

Este empresario vasco es quien ha servido de puente entre los directivos catalanes para lograr la mediación de Urkullu. Muy próximo al PNV y a Josu Jon Imaz -lo relevó en la presidencia de la petrolera filial de Repsol de la mano de Antoni Brufau- mantiene una amistad personal con Joaquim Coello, ingeniero y presidente de la Fundación Carulla, además de primo de Brufau, con quien ha coincidido a lo largo de los años en su trayectoria empresarial. A López Atxurra lo definen como un vasco moderado, buen conocedor del mundo empresarial catalán -ha sido consejero de Gas Natural y ha trabajado en la órbita del grupo La Caixa- y con contactos relevantes en el ámbito político y empresarial de Madrid.

En la reunión del martes en la capital catalana, ante la constatación de la gravedad de la situación política, se acordó una reunión de estos cuatro empresarios con el lendakari que tuvo lugar el miércoles en Vitoria para buscar una solución de mediación entre la Generalitat y el Gobierno español.

El mensaje que trasladó el mismo Urkullu a Puigdemont por la via de estos emisarios fue si estaría dispuesto a no realizar la declaración unilateral de independencia (DUI) y convocar elecciones a cambio de que Mariano Rajoy se comprometiera a no aplicar el artículo 155.

la respuesta del ‘president’ / Puigdemont respondió el miércoles afirmativamente por correo electrónico y se dispuso a preparar al Gobierno catalán para una convocatoria electoral con lo que reunió de urgencia a sus consellers en Palau en un encuentro que se prolongó hasta altas horas de la madrugada.

La principal garantía que exigió Puigdemont a la mediación para dar el paso fue la constatación de que el artículo 155 no se aplicaría en Cataluña bajo ningún precepto.

A pesar de que la mediación sostiene que dio ayer garantías plenas de que Rajoy aceptaría, según fuentes cercanas a la negociación, Puigdemont pidió que Moncloa ofreciera una confirmación directa mediante una llamada telefónica que no se produjo y que fue el detonante de que el president se tirara atrás en su decisión de convocar elecciones. Puigdemont también había pedido que en el proceso que se abriera a continuación de negociación con el Estado se tuviera en consideración la puesta en libertad de Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, en la cárcel de Soto del real imputados por sedición, además de la retirada de la policía desplegada en Cataluña y una rebaja en la contundencia con la que la fiscalía actúa contra la causa soberanista.

El proceso de mediación buscaba así arrancar un compromiso a ambas partes en un momento en que la desconfianza es máxima y asegurar que tanto Puigdemont como Rajoy cumplirían sus compromisos sin sorpresas de última hora. Así, el Gobierno de Mariano Rajoy se reservaba la llave de aprobar el artículo 155 en la sesión del Senado convocada para hoy, pero se comprometería a no aplicarlo. Por su parte, Puigdemont no convocaría una DUI, ni antes ni después de la sesión en el Senado.

TRIÁNGULO VASCO/ La mediación vasca mediante el triángulo Emiliano López Atxurra, Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu ha partido de la profunda preocupación que está generando el deterioro de las instituciones catalanas y el temor a que se pueda producir un contagio en los sectores más radicales del País Vasco.

El PNV, siempre bilateral en sus relaciones con el Gobierno español, no persigue hacer un frente común con Cataluña, si no más bien mediar para intentar solucionar un conflicto que considera puede impulsar un proceso de recentralización en España espoleado por la aplicación del artículo 155 y, que por el momento, no se ha logrado frenar.