La no admisión a trámite del recurso de casación presentado ante el Tribunal Supremo (TS) por el Ayuntamiento de Vila-real para revisar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana en la que se condena al consistorio a pagar algo más de 1,1 millones de euros (más intereses) por uno de los solares sobre los que se construyó el colegio José Soriano, obliga de nuevo a demorar y dejar sin fecha la aprobación del presupuesto municipal del presente año.

Así lo anunció el alcalde, José Benlloch, durante la comparecencia en la que explicó los detalles de la resolución del TS que el periódico Mediterráneo adelantó en su edición de ayer, en la que también avanzó que los servicios jurídicos del consistorio estudian la posibilidad de presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional, tanto para pedir la suspensión de la ejecución del fallo y poder defenderse, como para intentar lograr la revisión del caso, «no para no pagar al propietario de los terrenos, que está en todo su derecho se reclamar lo que es suyo, sino para adaptar la cantidad a abonar a los valores actuales de mercado», lo que podría reducir el importe final.

Es por ello que, pese a que el primer edil asegura que las cuentas estaban prácticamente cerradas, este auto les puede «obligar a modificarlas de nuevo, a causa de los empastres de la gestión urbanística realizada por los distintos ejecutivos locales del PP».

«El problema está ahora en saber a cuánto ascienden los intereses, ya que son muchos los años que se arrastra este litigio», señaló Benlloch. De esta forma, una vez se sepa cuál es la cantidad final que se debe abonar al dueño del solar en cuestión, el equipo de gobierno deberá tomar una decisión y volver a cuadrar el presupuesto. «Si no tenemos margen, tendremos que quitar más de un millón de euros destinados a otras cuestiones, con el fin de hacer frente a esta resolución», añadió el munícipe.

PARA LARGO // El alcalde hizo hincapié en que «la gente no tiene la culpa de que las cosas se hayan hecho tan mal durante los ejecutivos del PP», pero, por desgracia, van «a tener que hablar mucho tiempo de la herencia recibida, aunque a la oposición le moleste». Y añadió: «El problema de Vila-real es el PP, porque ahora estamos pagando las consecuencias de las fotos que otros se hicieron y lo que ocurrió es muy grave, pero con una gestión responsable lo podemos solucionar». Y es que Benlloch cifra en 18 millones el dinero pagado desde el 2011 en ocupaciones, expropiaciones y sentencias urbanísticas.