La Audiencia Provincial de Castellón ha ratificado el auto dictado por el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real el pasado 29 de abril, en el que se declaraba la complejidad del proceso que se sigue en el denominado caso Piaf. El tribunal provincial ha desestimado así el recurso presentado por los investigados en la causa --el exalcalde popular Juan José Rubert; el que fuera su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás; el empresario Antonio Pons; y el funcionario municipal Miguel Ángel Zorrilla--, dirigido a evitar la ampliación del plazo para seguir con las diligencias.

De esta forma, el procedimiento se alargará hasta un máximo de 18 meses, a contar desde el inicio del mismo --6 de diciembre del 2015--, por lo que el juez puede seguir buscando las pruebas que requiera y tomar las declaraciones que estime oportunas hasta mediados del próximo 2017.

Así lo dio a conocer ayer el alcalde de Vila-real, José Benlloch, quien recordó que fue el propio juez vila-realense quien declaró la complejidad de la causa, “algo que no es muy usual, puesto que suele solicitarla la Fiscalía”.

A este respecto, el munícipe destacó que el Ministerio Fiscal en Castellón “por fin considera que hay pruebas y nos apoya, al estimar que se trata de un proceso complejo que requiere ser investigado con detenimiento”.

Cabe recordar que la Fiscalía castellonense decidió archivar, en marzo del 2013, la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Vila-real respecto a posibles irregularidades en la emisión de facturas por parte de Piaf de trabajos que los técnicos ratificaron que no se habían realizado. En aquel momento, el fiscal no consideró que se hubiera producido algún delito, aunque sí reconoció la existencia de facturas que no cumplían con los requisitos legales de aplicación a las mismas.

“PALOS EN LAS RUEDAS” // El alcalde Benlloch asegura que, a lo largo de los últimos meses, “desde el PP se han puesto palos a las ruedas para obstaculizar e impedir que los jueces investiguen”, entre otros asuntos “los contratos con Piaf prorrogados de forma irregular por el último equipo de gobierno del PP, algo que ha ratificado la Intervención General de la Administración del Estado”.

Benlloch reiteró la defensa de “los intereses de la ciudad”, por cuanto recordó que el impacto para el Ayuntamiento en este caso puede alcanzar el millón de euros, al sumar a los 600.000 euros del endoso firmado por Rubert los intereses y los gastos judiciales de la reclamación de cobro realizada por el administrador concursal de Piaf y el banco. H