Ya hay fecha. La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Castellón notificó ayer a las diferentes partes implicadas el inicio del juicio oral por el denominado caso Piaf para el próximo 7 de enero del 2021 después de que el auto del magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real advirtiera de indicios de delito y grado de tentativa en febrero del 2019.

Según ha podido saber Mediterráneo, el procedimiento que investiga como presuntos autores de delitos continuados de prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento mercantil al exalcalde durante la última legislatura del Partido Popular, Juan José Rubert, así como a su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás, junto a otros cinco investigados, se alargará durante ocho jornadas. Completan la lista de acusados el funcionario Miguel Ángel Zorrilla y otras cuatro personas que están vinculadas a la mercantil implicada y que otorga el nombre al caso: los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dolz, Miguel Lobo y Francisco Vicente Belenguer.

ACUSACIÓN // Además, prestarán declaración 34 personas, entre las que se incluyen varios funcionarios del consistorio, así como concejales del PP durante el mandato. Como adelantó este diario, la acusación particular, representada por el Ayuntamiento de Vila-real, pide hasta nueve años y 10 meses de prisión para Rubert y Tomás, a la que se suma una inhabilitación de un máximo de 26 años para ejercer empleo o cargo en puesto público y una indemnización al consistorio.

La investigación parte de unas presuntas ilegalidades detectadas en unas facturas y certificados de final de obra por valor de casi 600.000 y que no se corresponderían con lo efectuado realmente, según diversos testigos. Rubert presuntamente autorizó dicho pago unilateralmente, sin el visto bueno de Intervención y Secretaría, a Piaf a través del Banco Sabadell con esta orden.

No obstante, cuando el actual primer edil, José Benlloch (PSOE), asumió el cargo, paralizó dicho abono al considerar que no correspondía y fue reclamado luego por la entidad bancaria.

Por otro lado, la misma empresa también aparece vinculada con la trama Gürtel por una supuesta financiación del PP y su aparición relacionada con un acto de la agrupación local en los papeles de dicha investigación, así como con la reclamación de pagos supuestamente irregulares a consistorios de la provincia.