El alcalde de Vila-real, José Benlloch, anunció ayer que harán una auditoría para valorar la situación en la que se encuentra el PAI Madrigal, después de más de seis años de paralización en su desarrollo como consecuencia del frenazo en las obras dado por el anterior agente urbanizador, desaparecido como consecuencia de la crisis económica, aunque en la actualidad los derechos de desarrollo de este espacio están en manos de otro inversor.

Una auditoría a la que el consistorio destinará unos 20.000 euros y que tendrá que aportar posibles fórmulas para reactivar o facilitar que se retomen los trabajos de desarrollo de esta zona residencial, que en cualquier caso se llevarán a cabo mediante planes parciales, siempre bajo unos criterios de «sostenibilidad y viabilidad y actualizando el proyecto a los nuevos condicionantes legales y a la evolución social», explica Benlloch.

«El PAI Madrigal va camino de cumplir dos décadas desde que se aprobó, el 17 de enero del 2000, y en este tiempo ha pasado por multitud de vicisitudes, entre ellas una gravísima crisis que hizo que cuando llegamos al gobierno municipal en el 2011 la empresas encargadas de ejecutar la obra hubieran desaparecido», señala el munícipe, quien hace hincapié en que, «por responsabilidad», se niegan «a pasar a los dueños de parcelas las cuotas que reclamaba esta empresa», porque no tenían «garantías de que los trabajos iban a realizarse», lo que les valió una demanda judicial que finalmente «el juez ha resuelto a favor del consistorio».

ACUERDO // De esta manera, Benlloch afirma que con esta decisión se da cumplimiento al acuerdo plenario surgido de una moción del PP para que se llevara a cabo una auditoría del PAI Madrigal. Estudio que confía en tener listo «para febrero o marzo», matiza, y en el que además de determinar la situación de este espacio, las unidades que faltan por ejecutar y los defectos que todavía no se han resuelto, también se incluirán posibles modelos de financiación para retomar el desarrollo urbanístico.

El alcalde insiste en que la nueva ley urbanística valenciana (Lotuv) ofrece mecanismos que pueden facilitar la ejecución de unidades de este sector. Y añade que los vecinos de la zona «no quieren aquel programa que se aprobó en el 2000, sino introducir cambios importantes».