El Ayuntamiento de Vila-real presentará hoy mismo un recurso de reforma al auto dictado hace poco más de un mes por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vila-real, en el que el magistrado advertía indicios de delito en el conocido como caso Piaf, en el que han declarado como investigados el exalcalde, Juan José Rubert; el que fuera edil de Servicios Públicos en el anterior gobierno del PP, Ramón Tomás; un técnico municipal, Miguel Ángel Zorrilla; y cinco de los responsables de diferentes áreas de Piaf: Francisco Vicente Belenguer, Miguel Lobo, Alejandro Pons, Antonio Pons y Santos Pozo.

Según ha podido saber Mediterráneo, la defensa que representa al consistorio vila-realense muestra su desacuerdo con el auto, en el sentido de considerar que pueden existir más hechos que perseguir, así como más implicados en este asunto, de manera que opinan que el juez debería tomar declaración a más personas como investigadas (antes imputados).

REAPERTURA // En definitiva, lo que pretende la representación legal del Ayuntamiento --que se personó en su día como acusación-- es que se reabra la fase de instrucción y que se incluyan en ella más pruebas periciales, en concreto aquellas tendentes a determinar si las obras de reforma del trinquete municipal --que ejecutó Piaf en el marco del contrato de mantenimiento, pese a acometerse una reforma integral de las instalaciones-- costaron lo que era lógico o se pagó un sobrecoste por las mismas.

Pero este no es el único recurso que se ha presentado al auto dictado por el magistrado, por cuanto han hecho lo propio, al menos, las defensas del exalcalde Rubert, del exconcejal Tomás y de uno de los responsable de la empresa.

En este sentido, este periódico ha podido saber que Rubert fundamenta su apelación, entre otros aspectos, en que no presidió la junta de gobierno en la que se aprobó, presuntamente de forma irregular, la prórroga de los contratos de mantenimiento con la empresa en cuestión.

Una junta en las que el exalcalde recuerda que sí que estaban, entre otros, el que fuera edil de Hacienda, Ignasi Clausell; así como el edil Javier Nácher, quien ejerció la presidencia en la reunión ante la ausencia de Rubert.

CONCLUSIONES // En el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 1 de Vila-real, se dio por cerrada la práctica de pruebas y la investigación previa relacionada con el caso Piaf y se instó a las partes a que se pronunciaran sobre la posibilidad de abrir definitivamente el juicio oral.

En el documento judicial se constata la existencia de irregularidades relativas a las facturas falsas que por importe de unos 600.000 euros pretendió cobrar Piaf mediante un endoso rubricado por el exmunícipe del PP, por diversos trabajos no realizados, así como otros atribuidos a la reforma integral de la nueva jefatura de la Policía Local.