Los vecinos afectados por la parálisis del PAI Madrigal esperan que las negociaciones entre el Ayuntamiento y la nueva urbanizadora permitan el desarrollo progresivo de las unidades de ejecución.

Uno de los portavoces de la asociación de vecinos, Jesús Fernández, apuntó a Mediterráneo que la solución pasa por encontrar las vías legales para ejecutar aquellas unidades en las que los propietarios se pongan de acuerdo para asumir los costes de urbanización y, de esta forma, construir en sus parcelas “de acuerdo con la ley y con todos los derechos”.

En este punto existe sintonía con el consistorio, puesto que el alcalde de Vila-real, José Benlloch, abrió ayer la puerta a que, con el cambio de propietario de los derechos y el desarrollo de la nueva ley urbanística valenciana, aprobada en el 2014, se puedan encontrar “soluciones innovadoras” que permitan una especie de urbanización a la carta.

El munícipe, que como diputado autonómico participó personalmente en la redacción de las enmiendas que posibilitaron la abstención del PSPV a la norma, apuntó que su ejecutivo es “el primer interesado en que la zona del Madrigal se convierta en un barrio más de Vila-real, pero hay que descartar un desarrollo integral que requeriría, por ejemplo, una conexión a la depuradora municipal, cuya canalización tendría que cruzar el río Millars”.

Ante estas dificultades, apostó por un modelo “existente en muchos países europeos”, en el que “comunidades de propietarios se unen para conseguir servicios como el agua o la electricidad”. El primer edil incidió en que estas fórmulas “no son fáciles, puesto que muchos de los instrumentos jurídicos de la ley del 2014 están por desarrollar”, pero sentenció que el equipo de gobierno “será valiente” en esta cuestión. Una sentencia que también afecta al programa urbanístico de la carretera de Onda, otro punto clave donde espera “atraer inversiones de empresas tecnológicas”.

RIFIRRAFE // Benlloch y el PP continuaron con las críticas cruzadas por la gestión del PAI. Así, si el alcalde criticó a los populares por “ignorar la legalidad con sus propuestas”, la edila popular Marisa Mezquita acusó al consistorio de “inacción durante cinco años” y pidió una auditoría del programa para “requerir al urbanizador una corrección de las deficiencias que pueda contemplar el PAI”. H