El alcalde de Vila-real, José Benlloch, asegura que todo lo relacionado con el expediente sancionador a la residencia de la tercera edad Sant Llorenç de la ciudad «se ha gestionado muy mal desde el principio y ahora no le encuentran una salida». Al respecto, afirma no querer entrar a valorar lo ocurrido, «porque desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas no se nos ha informado de los motivos que se alegan para el cierre por un año de este centro», aunque sí que reitera su opinión de que esta clausura es «absolutamente absurda en un momento de crisis sanitaria como el actual».

Asimismo, el munícipe se pregunta «porqué no se ha hecho nada en dos años, si en el 2018 se abrió un expediente por una infracción tan grave que obliga, finalmente, a cerrar la residencia durante 12 meses». Y hace hincapié en que, desde el consistorio «estaremos al lado de las familias afectadas», a las que considera como auténticas damnificadas por esta situación. «Aquí, para castigar a una empresa, que no sabemos lo que ha hecho y a la que se le impuso una sanción, realmente ese castigo consiste en coger a los 65 residentes que ahora hay en el centro y llevarlos a otro lugar que, encima, todavía no se sabe cuál es», afirma Benlloch. «Si la mercantil ha hecho algo punible, lo tendrá que pagar ella y no las familias», añade Benlloch.

MOVIMIENTOS / Mientras, tanto desde el consistorio vila-realense como por parte de las familias afectadas continúan realizando movimientos para intentar buscar una solución, al menos momentánea. Todo indica que la mercantil sancionada acudirá a la justicia para paralizar un cierre que se mantiene para el 15 de septiembre.

Tal es la complejidad de la situación que Benlloch ha convocado una junta de portavoces, porque «es importante que todos los grupos municipales mostremos con gestos y con acciones nuestro apoyo y voluntad inequívoca de tratar de encontrar soluciones».

LAS VERSIONES / La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas informó ayer que el director general de Infraestructuras Sociales, Enric Juan, habló el martes con los familiares de los usuarios de la residencia Sant Llorenç de Vila-real, con el fin de explicarles «la situación en la que se encuentra el centro y la decisión de la Inspección de solicitar una multa y el cierre temporal del mismo, en base a un informe que detecta hasta 15 incumplimientos de la normativa que van de graves a muy graves, entre los que se encuentran falta de medidas de seguridad y protección contra incendios que, pese a los reiterados requerimientos por parte de la Administración, no han sido subsanados por la empresa».

Una información que contrasta con la dada por la dirección del geriátrico, que aseguró a las familias --en la reunión mantenida en la tarde del martes-- que la sanción se producía por no entregar una documentación a la Conselleria, que se le exigió tras coincidir la visita de un inspector con la caída de una usuaria. Además, según ha podido saber este periódico, el personal autonómico también comprobó que un residente estaba encerrado en su habitación.

Una situación que desde la Generalitat explican con que en las visitas de la Inspección «se detectaron prácticas que se considera que pueden poner en riesgo a las personas residentes o causarles daño a su salud, algunas de ellas relativas a la atención y el trato degradante que puede haber sufrido en algunos casos».