El alcalde de Vila-real, José Benlloch, asegura que estudiará con sus abogados acciones legales contra quienes suscribieron la denuncia por presuntas irregularidades en la contratación de una asesoría de comunicación. Una denuncia que en el 2014 remitieron los concejales del Partido Popular en la anterior legislatura a la Fiscalía Anticorrupción, organismo que consideró que no era de su competencia y que derivó a la Fiscalía de Castellón.

Tras el archivo de las diligencias remitidas por esta institución al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vila-real, el munícipe asegura que analizará la posibilidad de exigir responsabilidades por daños al honor «a todos los firmantes de la denuncia», entre los que también podrían incluirse los actuales concejales populares. El objetivo de Benlloch es «el sufrimiento familiar y personal» que no solo se ha causado a él, «sino también a los concejales Emilio Obiol y Sabina Escrig, además de a la empresa consultora que se contrató en aquel momento».

Benlloch, que insiste en que todo fue «una cacería política», recuerda que fue «noticia, incluso a nivel internacional, como ejemplo de la corrupción del PSOE en la Comunitat», cuando ni siquiera se les cita a ninguno de ellos «como imputados en la causa». Y también estudiará la posibilidad de que «los señores del PP corran con los gastos de los abogados en la defensa de los tres ediles».