El alcalde de Vila-real, José Benlloch, no descarta que el actual juicio que enfrenta al Ayuntamiento y a la empresa adjudicataria del aparcamiento de la avenida Pius XII --debajo de la Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC)-- derive en otro proceso, en este caso del propio consistorio contra miembros del anterior equipo de gobierno del PP, liderado por Juan José Rubert.
Benlloch asegura que, en el pleito que se dirime el riesgo para las arcas municipales se calcula en una cantidad cercana a los cuatro millones de euros, “defenderemos los intereses de la ciudad hasta las últimas consecuencias”. Aun así, asevera que “en el caso de que el juez dictamine que el Ayuntamiento debe pagar, no tendremos dudas en exigir responsabilidades personales a dirigentes del PP que pudieran haber cometido imprudencias o posibles irregularidades”.
COMPRA DE PLAZAS // En concreto, para el munícipe, la exigencia de responsabilidades a Rubert y otros populares se derivaría de la junta de gobierno “en la que acordaron, sin ningún informe ni aval jurídico, comprar una serie de plazas con las que se quería aliviar los costes de construcción de la empresa”. Más allá de que, según el primer edil, esto supusiera “trato de favor”, lo que argumenta la empresa es que la compra finalmente no se llevó a cabo, y piden compensaciones.
La firma también esgrime que en el pliego de condiciones inicial no figuraba la construcción de la biblioteca, y que el hecho de tener que modificar el proyecto fue lo que provocó el atraso en la construcción y los sobrecostes.
El magistrado del juzgado castellonense que instruye la causa tomó declaración la semana pasada al arquitecto municipal, que defendió los argumentos del Ayuntamiento, resumidos en que las obras se retrasaron durante meses y que, finalmente, no se acabaron, con lo que según Benlloch “también a la institución se le causó un perjuicio, pues era un servicio que se había prometido a los ciudadanos y que nunca se ha podido ofrecer”.
Es por ello que, como ya ocurriera con las facturas de Piaf, el equipo de gobierno optará por esperar a que el instructor dicte sentencia. “La sensación es que nos será desfavorable, y entonces será el momento de valorar si se puede llegar a un acuerdo con la empresa o si hay que exigir responsabilidades a los dirigentes que propiciaron este otro empastre”. H
