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Vila-real

 

ante el aluvión de fallos judiciales por ocupaciones ilegales de terrenos

Benlloch quiere llevar las «malezas» urbanísticas del PP ante la Fiscalía

El alcalde advierte de que los posibles delitos cometidos aún no han prescrito. El objetivo es que los ediles del partido financien las millonarias sentencias

 

VILA-REAL
12/01/2017

El equipo de gobierno de Vila-real ha puesto en manos de los servicios jurídicos la decisión de llevar ante la Fiscalía Anticorrupción «las malezas» urbanísticas del anterior gobierno del Partido Popular. Una gestión que ya ha supuesto, mediante el pago de sentencias, un desembolso para las arcas municipales de 16 millones de euros. «Con la ley en la mano, tenemos derecho a que se investigue y cargarle --estos costes-- a quienes lo hayan hecho y no al pueblo», remarcó ayer el alcalde de la ciudad, José Benlloch, después de que, como informara ayer Mediterráneo, advirtiera en el pleno de presupuestos de la posibilidad de acudir al Ministerio Fiscal para que investigue si se derivan posibles irregularidades de la gestión urbanística del PP.

«Este tipo de delitos prescribe a los 10 años y todavía faltan unos cinco, porque los últimos tiempos del PP fueron los más tremendos y terribles», remarcó el primer edil, quien señaló que queda margen de tiempo para decidir si se opta por esta vía.

‘caso piaf’ // «No llevaré un tema por lo penal sino estoy seguro de que hay algo. Como alcalde, tengo la obligación de llevar un asunto ante el fiscal si detecto un delito, como hice con el caso Piaf», aclaró el munícipe, a la vez que reconoció que se trata de una decisión difícil y que requiere estudiar bien los pasos a seguir.

En cuanto a este proceso concreto, hay que recordar que un juzgado de Vila-real está investigando presuntas irregularidades en el endoso de facturas de Piaf por importe de 600.000 euros, así como la relación contractual del consistorio con esta firma.

El dirigente socialista aclaró, en respuesta al PP y Ciudadanos que le acusan de no facilitarles las sentencias por hechos urbanísticos, que no entrega dicha documentación «para proteger la estrategia» del consistorio si se decide denunciar la gestión urbanística popular ante el fiscal. «Sería un imprudente si le diera al PP la información de cómo defender al pueblo», apuntó el primer edil. De ahí que, amparado por la legislación, haya decidido declarar secretos estos fallos.

«Se trata del tema más grave que nos ha pasado, porque el riesgo es de 231 millones, lo que supone unos seis presupuestos», subrayó Benlloch. Y es que actualmente hay abiertos cerca de 400 expedientes por una ocupación de parcelas inadecuada.