En torno a los 1,8 millones de euros es la cantidad que recaudará de forma extraordinaria el Ayuntamiento de Vila-real, como consecuencia de la regularización de 3.900 unidades catastrales llevada a cabo en los últimos meses por el Ministerio de Hacienda.
Así lo informó ayer el alcalde, José Benlloch, quien incidió en que este pago extraordinario «no solo afecta a Vila-real, sino que el Gobierno obliga a realizarlo en otros 43 municipios de la provincia de Castellón». En este sentido, el munícipe criticó el «uso partidista» que se realiza desde la oposición --PP y Ciudadanos-- de esta medida. «Por ley se da la orden que los consistorios cobren estas cantidades, que corresponden a la diferencia entre el IBI abonado y el que debería haberse pagado en los últimos cuatro años. De no hacerlo estaríamos prevaricando y ante un posible delito de malversación de fondos, porque se trata de dinero público», explicó.
En cualquier caso, Benlloch ha mostrado serias duda de que el Gobierno central «nos deje invertir este dinero en aquellos proyectos e iniciativas que consideramos que son interesantes para la ciudad». De manera que reclama al presidente Mariano Rajoy que «no nos obligue a pagar solo a los bancos, para saldar la deuda que dejó el PP en esta ciudad».
De esta forma, el primer edil vila-realense aseveró que la intención del Ejecutivo local es que estos 1,8 millones de euros --que pasarán a formar parte del superávit del 2017, de ahí las dudas sobre su destino final--, no solo vayan a reducir endeudamiento, sino que también permita «hacer frente a los compromisos adquiridos con entidades, vivienda social, mejorar la limpieza viaria y la recogida de basuras, ayudas a los transportistas a acometer la campa para camiones o ayudar a Cáritas a habilitar su albergue, entre otras iniciativas».
FACILIDADES // El alcalde hizo hincapié que desde los servicios municipales del Catastro y de Estadística «se está facilitando a los vecinos el pago de estos recibos del IBI extraordinarios, de manera que se puede fraccionar su abono en tres meses, si la cantidad es inferior a los 1.500 euros y hasta un año si es superior; incluso, en situaciones excepcionales se están aplazando los pagos hasta en 18 meses».
Con todo, el máximo responsable de Vila-real añadió que «el Gobierno jamás había utilizado tantos medios para llevar a cabo una inspección de estas características pero, aunque nos duela, este catastrazo del PP, que también me afecta a mi por el maset que compre el año pasado, no lo puedo criticar como alcalde, ya que es de justicia que todos paguemos en base a lo que tenemos, en igualdad de condiciones».
