Cinco fueron ayer los exconcejales del PP que declararon en calidad de testigos ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, que inició el procedimiento para dilucidar si se produjo algún tipo de delito en la relación contractual del Ayuntamiento de Vila-real y la empresa Piaf en los últimos cuatro años de ejecutivo popular liderado por el exalcalde Juan José Rubert.
Mª Luisa Porcar fue la primera que respondió a las preguntas del juez y de los abogados allí presentes; y a esta le siguieron Alfredo Sanz, Ignasi Clausell, Ana Delfi Martín y Juan Luis Fabregat. Cinco declaraciones que, como ya viene ocurriendo en los casos precedentes, se alargaron durante varias horas.
El que fuera concejal de Hacienda durante el mandato del popular Rubert, Ignasi Clausell, no quiso entrar en detalles de lo mencionado ante el magistrado, aunque aseguró ayer a Mediterráneo haber respondido «a todas las preguntas» que se le plantearon, si bien declinó entrar en detalles de lo manifestado.
En cualquier caso, y según ha podido saber este rotativo, Clausell derivó en todo momento la responsabilidad de cualquier operación ahora investigada en el exmunícipe Rubert. Y negó las afirmaciones que realizó este último, al asegurar que el que fuera edil de Hacienda le había dado la orden verbal de dar vía libre al endoso de facturas --los técnicos negaron que se hubieran realizado estos trabajos-- por importe de 600.000 euros presentadas por Piaf, que el exalcalde firmó y que un banco abonó a la empresa.
Asimismo, también negó haber firmado cualquier recibo que no tuviera el visto bueno de los técnicos y que, incluso, sus diferencias con el que fuera edil de Servicios Públicos, Ramón Tomás --también investigado (antes imputado) en la causa--, sobre los procedimientos que permitían alargar el contrato de mantenimiento municipal con Piaf le valieron un acalorado enfrentamiento con el propio Tomás.
POLICÍA LOCAL // Por su parte, el que fuera edil de Urbanismo, Alfredo Sanz, aseguró que el certificado de final de obra de la jefatura de la Policía Local que, por importe de unos 300.000 euros se incluyó en el endoso rubricado por Rubert, no pasó por su departamento; y que la inauguración de la nueva sede policial tenía un carácter propagandístico.
Además, ratificó que no es habitual que este tipo de certificados de obra lleguen directamente a manos del alcalde.
El próximo lunes finalizan las citaciones de testigos, con la declaración de la exconcejala Mª Dolores Girona y del actual portavoz del PP, Héctor Folgado. H
