El magistrado responsable del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real ha tomado las dos últimas declaraciones pendientes en la investigación abierta para dilucidar si existen irregularidades penales en la relación contractual del Ayuntamiento vila-realense, especialmente en los últimos cuatro años de gobierno local del PP, y la empresa Piaf, actualmente en concurso de acreedores.
El juez escuchó las palabras de otros dos responsables de la firma durante la época objeto de estudio, en calidad de investigados (antes imputados) --Miguel Lobo y Francisco Vicente Belenguer--, que ocuparon cargos de consejeros o apoderados de la mercantil.
Según ha podido saber este rotativo, ambos se reafirmaron en no saber nada al respecto de los contratos o actuaciones que se llevaron a cabo en Vila-real. Incluso Lobo se acogió a su derecho de no responder a las preguntas del abogado del Ayuntamiento.
Con estas dos últimas declaraciones se cierra un proceso tras el que el magistrado deberá evaluar si archiva el caso, abre vista oral o advierte la necesidad de seguir con las pesquisas y ampliar la documentación sobre este asunto.
Fuentes próximas a la judicatura consideran improbable que se amplíe la investigación y que, en un plazo de un mes aproximadamente, el juez podría tomar una decisión relacionada con el caso Piaf.
