El Consell insiste: La residencia Sant Llorenç se cierra y lo hará el día 15 de septiembre, como se estableció en un inicio, ya que consideran que todos los usuarios podrán estar reubicados en otros centros en esa fecha.

Esta fue una de las conclusiones que las representantes de la plataforma de familiares trasladaron en la reunión de ayer por la tarde al resto de afectados tras el segundo encuentro mantenido con el director general de Infraestructuras de Servicios Sociales, Enric Juan, en València unas horas antes.

De hecho, tras esta nueva cita, Juan apuntó que «con la Dirección Territorial y los Servicios Sociales de Vila-real, hemos constatado que prácticamente el 50% de los residentes (65 en total) tienen ya plaza asignada y el traslado se producirá en los próximos días o bien han iniciado los trámites para que esa plaza se pueda asignar en otro recurso».

En este sentido, desde el colectivo de familias explicaron que la salida de 17 personas ya estaría gestionada y se producirá en breve y otros 20 que tienen valoración inicial de dependencia serían los siguientes casos en ser derivados.

Con los restantes, se insistió en que el Consell mediará para que sean realojados en centros privados con los que la Administración tenga concierto. Así pues, apuntó el edil de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela, los dirigentes autonómicos se habrían comprometido a agilizar la aprobación de planes de contingencia de residencias cercanas a Vila-real para desbloquear plazas.

Ante un panorama en el que los allegados consideraron que solo un juez puede paralizar el cierre temporal por un año, insistieron en exigir a la Conselleria que designe el personal necesario que garantice la atención asistencial y psicológica para que, mientras haya un solo mayor ingresado en Sant Llorenç, esté en la mejor de las condiciones.

«Confiamos en la profesionalidad de los trabajadores y no dudamos de la atención pero, por tranquilidad, el Consell debe ejercer esa función», reclamaron los familiares. Petición que también volverá a reclamar el alcalde de la ciudad, José Benlloch, que asistió a la reunión para mostrar el apoyo del consistorio a los afectados.

En su intervención, Benlloch afeó las «malas formas» con las que la Conselleria ha tratado un asunto tan delicado. Además, aseguró que exigirá responsabilidades «a quién haya que pedirlas para que no vuelva a pasar algo así».

Vía judicial

Respecto a las medidas cautelarísmas solicitadas por la empresa, el letrado Pablo Ferrer comunicó que el juez ha dado tres días a la Administración para que conteste a esta petición.