La Conselleria de Igualdad y Politicas Inclusivas mantiene el cierre por un año, a partir del próximo 15 de septiembre, de la residencia Sant Llorenç, tras darse por concluido el expediente sancionador que se inició en marzo del 2019, después de una visita rutinaria de la inspección --el 24 de octubre del 2018-- en la que, al parecer, se detectó algún tipo de irregularidad coincidiendo con la caída fortuita de una de las usuarias.
Fuentes del organismo autonómico confirmaron ayer a Mediterráneo que la disposición relacionada con el cierre del centro geriátrico por un periodo de un año «es firme» y negaron que exista algún tipo de marcha atrás al respecto, porque, aseguraron «esta es una resolución técnica y no política». Es más, el expediente se cerró no solo con la clausura por 12 meses de la instalación, sino que se le impone a la empresa que lo gestiona una multa de 140.151, 80 euros.
Con todo, reiteraron que a la quincena de plazas subvencionadas en esta residencia privada con fondos públicos «se les está buscando una solución para reubicarlas en otras residencias».
Una afirmación que familiares de residentes en esta instalación niegan. «Las autoridades hablan de plazas públicas cuando en este geriátrico no existen, porque es privado; lo que sí que hay son personas que reciben una prestación determinada, en función del grado de dependencia que tengan reconocido», explica a este rotativo la hija de una usuaria.
Y añade: «Por un lado nos dijeron que nos buscarían una reubicación, pero esta misma mañana (por ayer) hemos llamado a la Dirección General de Personas Mayores y nos han dicho textualmente que nos tenemos que buscar la vida». Y es que la indignación crece entre este colectivo, al que se suma el casi medio centenar de personas que residen en el centro sin ningún tipo de subvención, por cuando, aseveran, «no existen plazas, ni siquiera en el sector privado, para todos los usuarios de Sant Llorenç que, en principio y a partir del 15 de septiembre, se quedarán en la calle». Una situación que se agrava al tomarse la decisión en plena pandemia del covid-19 que, además, es especialmente virulenta con los mayores.
Por su parte, desde la residencia afirman que de la comunicación de cierre tuvieron noticia por las familias y que no han recibido notificación alguna por parte de la Dirección General de Personas Mayores, desde donde señalan que se ha dado conocimiento de todo el proceso a la mercantil.
