El alcalde de Vila-real, José Benlloch, muestra su satisfacción por la previsión de la Conselleria de Cultura, Educación y Deporte de dar forma definitiva para el próximo curso, y tras más de una década de reivindicaciones, a la segunda sede de la Escuela Oficial de Idiomas de la provincia de Castellón, que se ubicará en una de las infraestructuras educativas ya existentes en Vila-real.

Como ayer adelantó Mediterráneo, y a falta de la confirmación oficial por parte de la Administración autonómica, la reclamada sede de la EOI en esta ciudad de la Plana Baixa --que tendrá un ámbito comarcal-- supondrá, de hecho, la ampliación de horarios, cursos, idiomas a impartir y plazas para el alumnado.

«No tengo ninguna duda de que el próximo año Vila-real tendrá delegación de la escuela de idiomas», indica Benlloch, quien añade que «espacio hay en los institutos Broch i Llop y en el Francesc Tàrrega, incluso en algún otro lugar», en relación a la imposibilidad actual de que la Generalitat asuma la construcción de un edificio nuevo, algo a lo que el munícipe asegura que no renuncian en un futuro próximo, porque «lo de levantar palacios que después no se llenan se ha acabado desde hace tiempo».

De una manera similar se manifiesta el primer teniente de alcalde, Xavier Ochando, quien muestra su satisfacción por el resultado obtenido tras intensas reuniones con los responsables de la Conselleria de Educación, un departamento autonómico que encabeza el también representante de Compromís, Vicent Marzà. «Su puesta en marcha representará una importante ampliación de los actuales recursos de que dispone el aulario, a la vez que generará más flujo de personas que vendrán a estudiar aquí, porque este es un proyecto de repercusión comarcal», explica.

SOLAR

En cualquier caso, el alcalde Benlloch recuerda que el pasado año ya advirtió a la Generalitat que, «si el próximo curso no llegaba la EOI, el Ayuntamiento presentaría una demanda de responsabilidad patrimonial» porque, con Alejandro Font de Mora (PP) como conseller de Educación, les obligaron «a expropiar un solar que al final ha costado a la ciudad 1,5 millones de €».