El pleno de la corporación municipal de Vila-real aprobó ayer por unanimidad reclamar al Gobierno la revisión de los valores catastrales de terrenos e inmuebles ubicados en todo el término municipal, una vez transcurridos los 10 años que marca la ley para que los ayuntamientos puedan exigir al Ejecutivo estatal una nueva ponencia.

La decisión se toma en base a una moción presentada por el PP en este sentido, votada a favor por el resto de grupos políticos del consistorio, tanto por C’s como por el equipo de gobierno de PSPV-PSOE y Compromís.

Al respecto, todos los ediles coincidieron en afirmar que la revisión que se llevó a cabo en el 2005, y que entró en vigor en el 2006, se efectuó en pleno boom inmobiliario, por lo que se marcaron precios muy por encima de los actuales. Una ponencia que tanto el portavoz de los socialistas, Javier Serralvo; como el alcalde, José Benlloch, recordaron que el Ayuntamiento de la época, con el PP al frente, «ni siquiera se planteó recurrir, porque sabían que posteriormente ello les revertiría mayores ingresos».

Asimismo, Benlloch recordó que cuando aún estaba el PSOE en la oposición, ya pidieron «esa revisión, aunque sin éxito». E incluso el munícipe vila-realense llegó más allá, al anunciar que, «si el Gobierno de Rajoy no mueve ficha en este sentido» no descartan «acudir a los tribunales».

Una unanimidad que se repitió para dar el visto bueno a la caducidad de otro programa urbanístico, que se une a los que se les ha dado carpetazo en los últimos años, y que contabilizan unos 2,5 millones de metros cuadrados, al encontrarse paralizados desde hacía más de una década.

El finiquitado ayer tenía previsto edificar un centenar de viviendas en los alrededor de 8.300 m2 de superficie existente entre las calles Corts Valencianes, Camí Travessa y avenida Grècia.

ACUSACIONES // Uno de los puntos de mayor debate durante la sesión fue la moción presentada por el grupo socialista para defender la gestión en el Hospital Provincial. Partido Popular y Ciudadanos criticaron los despidos de personal, que el alcalde Benlloch justificó en que se trataba de contratos que estaban «en fraude de ley», puntualizó el socialista.