Los empresarios Alejandro Pons y Santos Pozo han declarado esta mañana ante el magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, que instruye el denominado caso Piaf, en el que se investiga la posible comisión de delitos en la contratación de la mercantil durante el periodo 2007-2011, con el PP al frente del gobierno municipal, así como la facturación de trabajos que los técnicos aseguraron en su día que no se realizaron o no los ejecutó Piaf, por importe de unos 600.000 euros.
A la salida de los juzgados vila-realenses, ambos empresarios, que han comparecido como investigados (antes imputados) durante unas tres horas, han declinado hacer declaraciones.
Meses atrás ya declararon en el mismo proceso judicial el exalcalde popular, Juan José Rubert; el que fuera su concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás; y un funcionario municipal.
Y a lo largo de las próximas semanas también están llamados a declarar, aunque como testigos, por el mismo caso, un total de 18 funcionarios municipales y ocho exediles del PP, así como el actual portavoz de los populares en el Ayuntamiento de Vila-real, Héctor Folgado, quien ocupó en el momento en el que se centra la investigación la Concejalía de Juventud, entre otras áreas.
