Giro inesperado de los acontecimientos en el juicio por el caso Piaf. Todo estaba previsto para que el alcalde de Vila-real, José Benlloch (quizá el testimonio más relevante de toda la larga retahíla de testigos, al menos a nivel mediático), entrara en escena este viernes para aportar su versión sobre las polémicas facturas, pero un cambio de estrategia de las defensas de los acusados a última hora provocó que el primer edil no tuviera que acceder finalmente al salón de actos de la Audiencia Provincial a ser interrogado por los letrados.
La renuncia de los abogados a contar con su testimonio, cuando el propio Benlloch ya estaba presente en los juzgados esperando su turno para declarar, fue lo más significativo de la quinta sesión del juicio. A la de ayer solo asistieron tres de los siete acusados, entre ellos el exconcejal de Servicios Públicos Ramón Tomás, para el que la acusación particular pide, al igual que para el exalcalde Juan José Rubert, nueve años y diez meses de cárcel, por los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental.
La jornada también dejó la testificación de cuatro exediles del PP que formaban parte del equipo de gobierno que comandaba Rubert entre el 2006 y 2011, periodo que abarca los hechos que son objeto de enjuiciamiento, como son Javier Nácher, Ana Martín, María Luisa Porcar y Juan Luis Fabregat. Preguntados por la abogada del entonces primer edil si él alguna vez les había presionado o instado a firmar una factura, los cuatro contestaron que no. «Nunca en la vida», respondió Martín, mientras que Porcar también lo negó de forma rotunda: «Jamás. Cada uno teníamos que responsabilizarnos de nuestra delegación».
Ni habían oído hablar de los endosos
Otro denominador común en sus respuestas es que los cuatro reconocieron que en más de una ocasión hubo discrepancias entre Secretaría e Intervención en sus informes a la hora de sacar adelante un asunto que debía aprobar la junta de gobierno local o el pleno (en referencia a la prórroga del contrato de mantenimiento con Piaf) y muchos reconocieron que no habían oído hablar hasta ahora de los controvertidos endosos. «Me he enterado por la prensa de lo que son», confesó el exedil Nácher.
También prestó declaración el que durante aquella época era responsable de mantenimiento de Piaf, que admitió que no existía albaranes o documentos que acreditaran formalmente que unas obras habían sido ejecutadas. «Me parecía un disparate, pero era imposible. Todo era un proceso de confianza y de buena fe entre el cliente y la empresa y la compañía y los propios trabajadores», explicó.
El juicio seguirá el lunes 25 con los últimos cinco testigos
Tras la sesión de este viernes, el juicio que evalúa la relación contractual que mantuvo el Ayuntamiento de Vila-real con la empresa Piaf, entre el 2006 y el 2011, entra en su recta final. La próxima vista tendrá lugar el lunes 25 de enero, a partir de las 9.00 horas, con la declaración de los últimos testigos de la cuarentena de personas, entre la larga lista de políticos o funcionarios, que han sido propuestas por las dos partes para aportar su versión de los hechos. Se trata de los exediles del PP Alfredo Sanz y Héctor Folgado (bajo el mandato de Rubert), dos peritos y el arquitecto municipal, Ernest Ramos.
