A un total de 51 millones de euros asciende el riesgo para las arcas municipales derivado de las distintas demandas que ahora están en trámite en el Jurado de Expropiación o en los tribunales de justicia, como consecuencia de conflictos urbanísticos fruto, fundamentalmente, de la ocupación de terrenos durante los últimos años de gestión del PP para construir plazas o abrir calles.

Así lo aseguró el alcalde de Vila-real José Benlloch, quien basó esta afirmación en los informes elaborados por el departamento de Intervención, que cifran en 20 millones los procedimientos que se siguen en los juzgados y otros 31,8 sobre los que tiene que decidir el Jurado de Expropiación. «De esta última cantidad, un total de 12 millones corresponden a una docena de reclamaciones de propietarios de suelo ocupado por el PP, una cifra que los técnicos municipales rebajaron a cuatro millones, tras realizar una nueva valoración de los terrenos teniendo en cuenta que un euro de hoy no vale lo mismo que hace seis años en lo relativo al urbanismo», explicó el munícipe.

Una nueva valoración que está teniendo en cuenta el Jurado de Expropiación que ya ha fallado en estos 12 casos, de manera que el consistorio debería pagar ya estos cuatro millones, si bien los dueños de suelo todavía pueden recurrir ante la justicia.

IMPOSIBILIDAD // Con todo, Benlloch reconoció que el Ayuntamiento no está en condiciones en estos momentos de abonar esta cifra, por lo que avanzó su intención de convocar a los afectados a una reunión para llegar a un acuerdo. Algo que, dijo, iniciará cuando la Generalitat Valenciana apruebe el plan de regeneración urbana que permitirá recalificar a residencial una importante zona ubicada en pleno casco urbano, próxima a la carretera de Onda, que ahora es industrial.

«Tenemos que buscar soluciones mixtas para que parte de esta deuda pueda saldarse en derechos urbanísticos en estos espacios, porque hacer frente en efectivo a esos 51 millones derivados de la nefasta gestión del PP nos llevaría a una situación de colapso», aseveró el alcalde, quien calificó el urbanismo del último gobierno popular de «estafa».

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Vila-real, Héctor Folgado, insistió en que «Benlloch aboca a la ciudad a la ruina ante su empeño de mantener el PGOU de los socialistas». E insta al munícipe a «actuar para solucionar este desastre».