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POR ORDEN JUDICIAL

Embargan la sede de la Fundación Dolores García en la calle Ermita

La instalación afectada incluye varias pistas de pádel y un bar-cafetería. La entidad facilitaba el acceso al deporte de los alumnos del colegio La Panderola

 

Pedro López cuelga una pancarta para protestar por la situación. - NACHO MATA

JOSEP CARDA jcarda@epmediterraneo.com VILA-REAL
23/01/2018

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Vila-real ha ordenado y ejecutado la orden de embargo y desalojo del recinto propiedad de la Fundación Dolores García, de 7.000 m2 y ubicado en la esquina de las caller Ermita y Cordó, en el que se habilitaron un restaurante-cafetería y unas pistas de pádel que, aunque de carácter privado, las utilizaban, a través de un convenio, los alumnos del colegio de Educación Especial La Panderola, según explica a Mediterráneo el administrador vitalicio de la institución, Pedro López.

Esta se creó en 1982, dos años después del fallecimiento del médico y filántropo Juan Flors, alma máter de la Fundación Flors, y por expreso deseo de este, para atender cuestiones de carácter social y en benéfico en la ciudad, como señala a este diario López.

La reclamación de una entidad bancaria por una deuda de 260.000 euros ha sido el detonante del embargo de la propiedad que, por otra parte, ha llevado a cerrar al público el bar y las pistas de pádel. «Aquí trabajaban seis personas que ahora mismo se encuentran en la calle», puntualiza el gerente de la fundación.

Un responsable del ente que, según detalla, logró acceder al inmueble tras cerrar el mismo la policía por orden judicial. «Me he declarado en huelga de hambre y aquí permaneceré, porque pedimos medidas cautelares para intentar buscar una solución que estábamos hablando con el Ayuntamiento, pero la juez no las ha tenido en cuenta», lamenta López, quien destaca que «el único interés» que le mueve «es el de los discapacitados». Y añade con contundencia: «De aquí solo me sacan muerto o a cañonazos».

El responsable de la Fundación Dolores García insiste en que la entidad ha venido facilitando la formación de niños con discapacidad «que venían cada semana a jugar al pádel y ahora se quedan sin esta oportunidad».

Además, López lamenta que, tras ejecutar la orden judicial, está toda «la familia en la calle» y ni siquiera dejan a su «mujer que acceda al edificio a recoger su ropa y pertenencias», concluye.