Tres de los cuatro empresarios de la zona de las tascas de Vila-real --un cuarto lo hará la próxima semana-- declararon ayer ante la magistrada del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1, en la causa abierta tras la querella criminal presentada por varios vecinos de la calle Pare Molina contra los establecimientos Tangerina, Quesomentero, Bonica y Tejemaneje, además de contra el alcalde, José Benlloch; y la edila de Seguridad, Silvia Gómez.

Según explicó a Mediterráneo el portavoz de la Asociación Gastronómica Pare Molina y Adyacentes, Pascual Bonache, los gerentes de las tascas respondieron a todas las preguntas, excepto a algunas formuladas por la acusación. «Hemos justificado que nuestra actividad no supone delito alguno contra el medio ambiente y relatado todo aquello que nos ha ido exigiendo el Ayuntamiento en todo este proceso, independientemente de que, como es lógico, los locales tienen todos los papeles en regla».

Incluso los hosteleros hicieron hincapié en lo que consideran que es un «un exceso de celo» en la actuación de la Administración. De hecho, no faltaron las preguntas formuladas en torno a si ha habido presión policial a la hora de controlar la actividad, a lo que respondieron que sí.

EXTRAÑEZA // Durante su declaración como investigados en la apertura de diligencias dictada por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, como consecuencia de la querella presentada por un presunto delito de prevaricación administrativa y contra la ordenación del territorio y medio ambiente, los gerentes de los establecimientos mostraron su extrañeza porque los denunciantes «hayan acudido de forma directa a la vía judicial con una querella penal, a pesar de que hay otras posibles y previa a esta, como es la administrativa».

En este sentido, consideran que la presentación de la querella escasos días antes de la celebración de las elecciones municipales y durante las fiestas patronales de Sant Pasqual, en mayo, «además de un carácter sensacionalista, tenía un fin electoralista».

Los empresarios realizaron su declaración durante tres horas, contestando a la «totalidad de las cuestiones» planteadas por la jueza, su abogado y los letrados que defienden al alcalde Benlloch y a la concejala Gómez; «y a casi todas las preguntas de la acusación».

Por otra parte, la próxima semana, la asociación que reúne a los locales de restauración de la que viene en denominarse espacio de tradición gastronómica presentará las más de 5.000 firmas recogidas para instar a su regulación.