Casi dos años y medio después de que los testigos declararan ante el juez por el conocido caso Piaf, el fiscal insiste en archivar la causa, en la que se investigan presuntas ilegalidades en unas facturas que suman cerca de 600.000 euros. Según su última resolución, datada a 12 de julio del 2018, a la que ha podido acceder Mediterráneo, desde Fiscalía solicitan el «sobreseimiento provisional» y apuntan que «en las diligencias practicadas no resulta debidamente justificada la perpetración por los investigados de los delitos de prevaricación, malversación y falsedad, por los que se procede en la presente causa».

Además, incide en que «en relación con un posible perjuicio patrimonial derivado de la actuación discrecional en la selección del contratista --empresa Piaf-- no es posible determinar la existencia del mismo ni, por ende, cuantificarlo». Al respecto, indican como «dato revelador» que el Ayuntamiento no pagó las facturas.

PRECEDENTE // No es la primera vez que el fiscal mantiene esta postura. En 2013 y 2016 también reiteró ante el magistrado el informe de archivo --abierto como proceso por la vía penal-- para dilucidar si se cometió o no algún tipo de irregularidad. El juez decidió seguir con las diligencias.

Un procedimiento en el que se investigan presuntas irregularidades en la relación contractual del Ayuntamiento --fundamentalmente durante la última legislatura de gobierno del PP-- con la mercantil y la emisión de facturas irregulares, en gran parte vinculadas a un endoso que el exalcalde popular Juan José Rubert rubricó sin el visto bueno de los técnicos municipales, lo que permitió a la firma cobrar --al aceptar un banco este endoso-- cerca de 600.000 euros por trabajos que, según aseguraron los funcionarios, no se realizaron.

FRENTES ABIERTOS // El actual alcalde, José Benlloch, paralizó el abono de estas facturas al considerarlas falsas, tras acceder al gobierno municipal después de las elecciones del 2011. Los servicios jurídicos municipales recomendaron presentarse en el proceso como parte querellante.

Por otro lado, el asunto está paralizado en lo contencioso-administrativo, donde hay cuatro causas pendientes. La administradora concursal de Piaf --la mercantil se declaró en concurso de acreedores-- reclama 800.000 euros a las arcas municipales, algo que se reactivaría si se cierra la investigación vía penal por el presunto caso de corrupción.

El munícipe asegura ahora: «No buscamos venganza, solo defender cada euro de los vecinos, por eso la decisión la tomarán los abogados del Ayuntamiento, quienes representan los intereses de todos los vila-realenses».

El juez tendrá la última palabra, si antes del 7 de septiembre recibe el escrito de acusación, pudiendo contradecir al fiscal.