El alcalde de Vila-real, José Benlloch, denunció ayer que el Ayuntamiento no podrá destinar los 786.000 euros de remanentes del 2016 a negociar y abonar parte de los cinco millones de euros que se deben en nuevas sentencias urbanísticas, ya que «el Gobierno central nos obliga a pagar primero la deuda a los bancos».

Benlloch ha explicado que «a pesar de toda la gestión responsable que venimos haciendo en los últimos años, el consistorio vuelve a pasar por dificultades económicas muy graves, ya que estamos gestionando la ruina heredada del anterior gobierno popular que, en los últimos días, se ha convertido en cinco millones de euros más de obligado cumplimiento, derivados de diferentes sentencias urbanísticas».

No obstante, el primer edil señaló que el ejercicio 2016 finalizó con un ahorro de 786.000 euros que «queríamos aprovechar para empezar a negociar con los propietarios afectados para que nos dieran un poco de oxígeno y la posibilidad de pagarles la cantidad adeudada en varios años, algo que ahora será imposible».

INFORME // Y es que, tras solicitar un informe a los técnicos municipales para conocer la viabilidad de la operación, «la intervención municipal dice que hay que cumplir con la ley de Rajoy, que obliga a pagar primero a los bancos, por lo que tendremos que destinar el superávit a satisfacer parte de la deuda existente», indicó.

«El PP nos sigue haciendo la vida imposible también desde el Gobierno central cuando queremos solucionar alguno de los empastres del PP a nivel local», argumentó Benlloch, quien lamenta que «hemos trabajado muy duro para rebajar el endeudamiento en la ciudad y ahora se podría ver incrementado de nuevo si nos vemos obligados a pedir un préstamo para hacer frente a estas sentencias», y aseguró que «si alcanzamos el 75% ya nos podemos olvidar de seguir presentándonos a ayudas como Avalem y otros programas que ahora sí podemos ofrecer a los vecinos, gracias a la gestión realizada».

Ante la coyuntura, el primer edil confía en que la reordenación del suelo urbano solicitada al Consell ayude a encontrar vías de solución, «con sensibilidad hacia los derechos de los propietarios y con la responsabilidad que otros no han sabido aplicar durante su mandato» y apostilló que «de esta, saldremos».