El Gobierno central ha incluido a Vila-real en el listado de municipios en los que se aplicará un coeficiente corrector de los valores catastrales para el 2018. Así lo informó ayer la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, quien explicó que la valoración será a la baja. Pese a que calificó de «muy positiva» esta noticia, la edila insistió en que el Ayuntamiento sigue empeñado en que se acometa una nueva ponencia, después de transcurridos más de 10 años desde que se aprobó la que ahora está en vigor, con el fin de «ajustar los valores a realidad existente en el mercado actual».

Escrig resaltó que el pasado mes de marzo y con la unanimidad de todos los grupos políticos con representación en el consistorio se aprobó una declaración institucional para reclamar recalcular los valores del catrasto a la baja. algo que también transmitió el alcalde, José Benlloch, a los responsables estatales para que se aplicara un coeficiente de actualización mientras se tramita una nueva ponencia.

Con todo, la edila indicó: «No podemos conocer qué bajada se aplicará, porque depende del Gobierno de Rajoy, pero sí que sabemos que su entrada en vigor a partir del 2018 beneficiará a las familias vila-realenses en aquellos impuestos que usan estas cifras como base, como pueden ser los que se aplican a las donaciones, herencias o compraventas o en la declaración de la renta, en lo relativo a los inmuebles que sí que tributan y que son aquellos que no son vivienda habitual».

La concejala Escrig aseveró que «el anterior ejecutivo local del Partido Popular aprovechó el catastrazo que aprobó en el 2006 para incrementar en un 20% la contribución a los ciudadanos».

SIN CAMBIOS // En este sentido, la máxima responsable local en materia de Hacienda hizo hincapié en que el recibo del IBI se mantendrá en las cifras actuales, de manera que lo congelarán «en lo que resta de legislatura». Y recordó que esta «congelación» ya se aplicó con la entrada del actual ejecutivo local en el 2011, «excepto en el 2014», cuando la bajaron, y ahora la devuelven «a valores del 2011 para poder hacer frente a las sentencias urbanísticas del PP y cumplir la ley de estabilidad presupuestaria».