El vuelo, meses atrás, de un dron por la ciudad y el término municipal de Vila-real, lanzado por el Ministerio de Hacienda para constatar los cambios, a nivel catastral, experimentados en propiedades ubicadas en zonas urbanas o urbanizables fue otro de los asuntos que, sin estar incluido en el orden del día, se mencionó a lo largo del primer pleno del año en Vila-real.

Y es que de aquellos vuelos se han derivado 3.000 revisiones al alza de los valores de edificaciones, tras constatar que se habían realizado modificaciones sustanciales respecto a los registros anteriores, tales como la construcción de piscinas, trasteros, cubiertas de espacios o remodelación de fachadas en viviendas.

De ahí que son muchos los vecinos que han recibido la notificación correspondiente para abonar la diferencia del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), en base a la nueva valoración catastral, correspondiente a los últimos cuatro años. Una diferencia que, incluso, suma en diferentes casos cifras que rozan los 2.000 euros.

En este sentido, tanto la concejala de Hacienda, Sabina Escrig; como el alcalde, José Benlloch, hicieron hincapié de que este cobro extraordinario derivado de la revalorización de propiedades «no se realiza desde el Ayuntamiento, sino que se trata de una acción que lleva a cabo el Gobierno central». Y añadieron que la función del consistorio es llevar a cabo el cobro, como marca la ley.

OPOSICIÓN // Por su parte, el portavoz del PP, Héctor Folgado, afirmó que «desde el 2017 se sabía que iba a producirse esa revalorización y ustedes no hicieron nada porque lo que querían era ingresar más este año».

En cualquier caso, el primer teniente de alcalde y portavoz de Compromís, Xavier Ochando, indicó que, con toda probabilidad, esos ingresos extra del consistorio por este concepto «pasen a final de año a remanentes y, por tanto, tengan que destinarse a pagar a los bancos, gracias al PP y Cs que mantienen esta regla».

Benlloch insistió en que desde el Ayuntamiento se facilita al máximo el pago a los vecinos.