La corporación municipal de Vila-real aprobó ayer, con los votos a favor de los ediles del equipo de gobierno --PSPV-PSOE y Compromís, la abstención de Ciudadanos (Cs) y la postura contraria del PP, el presupuesto municipal para el ejercicio ya en curso del 2018, que asciende a 45,9 millones.

Unas cuentas que se han hecho de rogar por, en palabras de los responsables del ejecutivo local, tener que cuadrar los números «a causa de la herencia urbanística, especialmente del último período de gobierno popular», que se traduce en sentencias y valoraciones del Jurado Provincial de Expropiación de Castellón. Y tras ello destacaron que es la primera vez en los últimos 10 años que llegan al pleno «con todos los informes técnicos favorables».

En cualquier caso, la aprobación ha sido posible tras sacar de los cálculos iniciales los algo más de 400.000 euros a pagar por derechos urbanísticos o el medio millón que se tiene que abonar a los empleados del Ayuntamiento en concepto de productividad.

Asignaciones que se incluyeron en dos expedientes, que suman 1,6 millones de euros y que se financiarán con cargo a los remanentes del 2017 --uno de suplemento de créditos y otro de créditos extraordinarios--, en los que también se adhirieron algunas de las inversiones inicialmente previstas en las cuentas, como la adecuación del edificio de la antigua estacioneta para acoger la nueva sede de Cruz Roja o la remodelación del parque de la Panderola (ver cuadro adjunto).

La concejala de Hacienda, Sabina Escrig, calificó estas cuentas de «responsables y sociales, con casi 3,5 millones destinados a este área, porque entendemos que la igualdad y la justicia social empiezan por tener las necesidades básicas cubiertas y unos servicios públicos de calidad y gratuitos».

MENOS INVERSIONES // Escrig reconoció que «las inversiones serán pocas, pero estarán enfocadas siempre a mejorar la vida de las personas, eliminando barreras arquitectónicas, con pequeñas obras, mejoras en jardines y recuperación de nuestro patrimonio. No vamos a inaugurar obras faraónicas, como hacían otros --en referencia clara al último ejecutivo del PP, liderado por el exalcalde Juan José Rubert--, sino a mejorar el día a día de los vila-realenses».

Por su parte, el alcalde, José Benlloch, se refirió a la «delicada» situación económica por la que atraviesa el consistorio y que, «se debe al impacto en la actualidad de operaciones urbanísticas anteriores al 2011». En este sentido, el munícipe aseguró que los informes de los técnicos municipales «acreditan que el urbanismo, el despilfarro, la hipoteca y los préstamos del PP continúan generando una herencia muy complicada de gestionar. Pero lo estamos haciendo, como siembre, con responsabilidad y prudencia, minimizando el impacto de los empastres del PP en el futuro».

OPOSICIÓN // Desde la oposición, tanto el portavoz del PP, Héctor Folgado; como el de Cs, Domingo Vicent, cargaron contra las cuentas elaboradas por el ejecutivo de PSPV-PSOE y Compromís, aunque Vicent y su compañera de partido, Ana Riera, finalmente, se abstuvieron «por responsabilidad».

Folgado calificó el presupuesto como «el de la mentira», y aseguró que, con él, «se sigue gastando dinero en caprichos para pagar el modelo faraónico del alcalde, como el Gran Casino o gastos en autobombo»; y aseveró que «se mantiene la subida de impuestos».

Desde Compromís, Xavier Ochando replicó a Folgado y reiteró que el IBI sigue congelado, «a diferencia de lo que hizo el PP, que lo incrementó en un 150%».