La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, que lidera la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, todavía estudia la fórmula definitiva para solucionar el problema ocasionado a las 65 familias de usuarios de la residencia Sant Llorens de Vila-real, tras sancionar al centro con un año de cierre del mismo, a causa de una serie de infracciones detectada por inspectores de ese departamento.

Y es que el director general de Infraestructuras Sociales, Enric Juan, se reunió ayer con representantes de esas familias y con el concejal de Servicios Sociales, Álvaro Escorihuela-- y se comprometió a «buscar soluciones» para reubicar a todas las personas que hay ahora en el centro geriátrico, «estudiando caso por caso, para garantizar que tengan una continuidad en la atención que reciben».

Al respecto, Juan incidió en que se dará prioridad a quienes cuenten con una prestación vinculada al servicio del sistema a la dependencia, «ya que se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad». Con todo, explicó que «para aquellas personas que tengan una plaza privada se intentará hacer una tarea de mediación con las empresas del sector, para hallarles otro centro».

Tras el encuentro con el director general , que tuvo lugar la Ciudad Administrativa 9 d’Octubre, en València, los representantes de las familias afectadas valoraron positivamente la voluntad expresada por Juan y asumen que deben trasladar a sus mayores , siempre que se les dé una alternativa.

«No tenemos nada en contra del expediente sancionador y si se hizo alguna cosa mal que tenga las consecuencias que sean necesarias, pero que ello no repercuta en los residentes», señalan. En cualquier caso, los afectados salieron del encuentro «con la sensación de que la residencia se cerrará sí o sí el año a la que ha sido sancionada, pero no en la fecha fijada, sino cuanto todos los usuarios estén debidamente reubicados».

Por su parte, todos los grupos políticos con representación municipal suscribieron ayer, en Junta de Portavoces, su apoyo a las familias de los usuarios de la residencia Sant Llorenç, a la vez que reclaman a la Conselleria conocer el expediente en el que se corrobora el cierre por un año de la instalación --a la que también se suman los afectados-- al advertir la Inspección «hasta 15 irregularidades graves y muy graves», según confirmaron desde Igualdad.

El alcalde, José Benlloch, expresó el «rechazo del Ayuntamiento a que el centro se clausure el 15 de septiembre --como marca la sanción--, para buscar soluciones menos traumáticas, poniendo por encima de todo la protección de nuestros mayores».