La Intervención del Estado, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, concluye en un informe al que ha tenido acceso Mediterráneo que el endoso de diferentes facturas por importe de unos 600.000 euros emitidas por la empresa Piaf, que el exalcalde del PP Juan José Rubert firmó poco antes de abandonar la alcaldía en junio del 2011, “es irregular, tanto desde el punto de vista formal por el incumplimiento del procedimiento establecido por el Ayuntamiento de Vila-real, como desde el punto de vista material, al cederse créditos correspondientes a prestaciones que o no se recibieron de conformidad por el consistorio o no consta su realización o, incluso, que consta que no se ejecutaron por Piaf”.

El informe ha sido remitido por la Intervención del Estado al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, que es quien instruye la denuncia penal que formuló el Ayuntamiento con el objetivo de depurar responsabilidades, en el caso de que la justicia concluya que hubo acciones que pudieran ser constitutivas de delito.

PROCESO // Y es que fue el propio juez quien en junio del pasado año solicitó el informe que ahora le ha llegado, con la finalidad de que el organismo dependiente del Gobierno central se pronunciase sobre si advertía irregularidades en la contratación o facturación de la empresa Piaf hacia el Ayuntamiento de Vila-real.

Unas pesquisas que, según pudo saber este rotativo, podrían ser determinantes para que el magistrado que instruye este proceso decida si imputa o no a quienes considere responsables de las presuntas actuaciones irregulares.

En el dosier que ya tienen en su poder las instancias judiciales vila-realenses se asevera que en la documentación analizada “no se ha cumplido ni la preceptiva comprobación de la conformidad de las facturas objeto del endose ni ninguno de los trámites preceptivos ante la Intervención y la Tesorería; y prueba de ello es que en ninguno de los documentos de endoso figura la toma de razón por parte del tesorero y del interventor, trámite imprescindible para que el endoso tenga efectos administrativos y pueda presentarse ante el titular endosatario”.

DILIGENCIAS // El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real decidió abrir a mediados del 2015 una investigación vía penal, tras la denuncia presentada por el Ayuntamiento, al advertir la posible comisión de delitos de falsedad, prevaricación y malversación de fondos.

Aún así, y pese a que el endoso sí que fue abonado por un banco, aún careciendo de las firmas de los técnicos, el alcalde Benlloch decidió no pagar las mismas al constatarse anomalías.