Habrá juicio oral por el conocido caso Piaf. El juez mantiene sus indicios de delito y grado de tentativa, a pesar de que el fiscal pedía archivar la causa, y dictamina continuar con el procedimiento. Una decisión que corroboran estos días las partes implicadas, al recibir el auto de apertura de la nueva fase del proceso, que tiene fecha del 17 de diciembre del pasado año.

Tras esta resolución, la defensa tiene 10 días, que todo apunta que se cumplirán la próxima semana, para pedir los autos y remitir sus escritos al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real para elevarlos a la Audiencia Provincial, donde se desarrollará el juicio.

Según fuentes jurídicas a las que ha podido acceder Mediterráneo, la citación de los acusados en el banquillo, independientemente de los recursos, es «segura» e «inevitable». El calendario dependerá de la respuesta de los implicados a la petición actual y de la agenda de casos de la sala a la que se otorgue la instrucción.

PRECEDENTES

La investigación se basa en unas presuntas ilegalidades en unas facturas y certificados de final de obra que suman cerca de 600.000 euros que, como atestiguaron funcionarios municipales, no se correspondían con la realidad. El exalcalde, Juan José Rubert (PP) rubricó en solitario, sin la conformidad de los técnicos ni de los departamentos de Intervención y Secretaría, un endoso con las cantidades reclamadas por Piaf que el Banco Sabadell abonó ateniéndose al documento firmado por el exmunícipe. Una cifra que pide la entidad bancaria al administrador concursal, ya que el actual alcalde, José Benlloch, paralizó el pago al considerar las citadas facturas falsas.

ACUSACIÓN

Tras la recopilación de testimonios y la posición de la Fiscalía que reclamaba el «sobreseimiento provisional» del asunto, el Ayuntamiento de Vila-real presentó en septiembre el escrito de acusación que, finalmente, derivará en el juicio oral, atendiendo a lo dictaminado por la asesoría que defiende a la ciudad.

Benlloch reiteró ayer que «no respondemos a ningún tipo de cuestión política, lo único que persigue este equipo de gobierno es evitar por todos los medios legales pagar los 600.000 euros (podrían llegar a los 800.000, que es la cifra que pide la mercantil) por unos trabajos que no se realizaron. Respeto las decisiones judiciales y lucharemos defender cada euro de los vecinos».