El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real ha citado a declarar a un total de 29 personas por el caso Piaf, en el que se investiga la presunta emisión de facturas falsas por parte de la mercantil en cuestión, por importe de 600.000 euros, que el entonces alcalde, Juan José Rubert, endosó a una entidad bancaria.
Según ha podido saber Mediterráneo, el juez llama en calidad de testigos a 18 funcionarios y nueve concejales del PP que en la legislatura 2007-2011 fomaban parte del equipo de gobierno; mientras que también cita a los empresarios Alejandro Pons y Santos Pozo, esta vez como investigados (antes imputados), como responsables en aquel momento de Piaf y que serán los primeros en comparecer en el juzgado.
Posteriormente, y hasta el 14 de noviembre, lo harán los funcionarios y los exediles populares Teresa Andrés, Javier Nácher, Alfredo Sanz, Ignasi Clausell, Ana Delfi Martín, Juan Luis Fabregat y Mª Dolores Girona, así como el que en aquel momento fuera concejal de Cultura y actual portavoz del PP, Héctor Folgado, que será el último en declarar.
En cuanto a los funcionarios citados por el juez, estos están integrados en la práctica totalidad de áreas municipales, entre ellas Urbanismo, Servicios Públicos, Deportes, Archivo Municipal, Cultura, Juventud, Policía Local, Gobernación y Contratación.
La decisión del magistrado del número 1 de Vila-real da continuidad a las acciones que este emprendió a mediados del pasado año para dilucidar la posible comisión de delitos por la emisión de facturas falsas, relativas a obras que no se realizaron o que no ejecutó la mercantil, según aseveraron en su momento los los empleados del consistorio.
EXALCALDE // Un proceso en el que ya declararon como investigados el exalcalde Juan José Rubert y el que fuera concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás. Ante magistrado que instruye la causa, Rubert aseveró que que confiaba en los documentos que le pasaban los técnicos para, posteriormente, rubricarlos.
Y es que fue el exmunícipe popular quien, estando en funciones y días antes de dejar la alcaldía --como consecuencia del pacto de gobierno alcanzado a cuatro bandas entre PSPV-PSOE, Bloc, Iniciativa y EUPV-- firmó un endoso de facturas emitidas por Piaf, que no contaban con el beneplácito de la Intervención Municipal, cuyo importe rondaba los 600.000 euros y que un banco pagó a la firma que, después, entró en concurso de acreedores.
El nuevo Ejecutivo local, liderado por el socialista José Benlloch, decidió no abonar el importe que le reclamaba la entidad financiera, al advertir irregularidades en estas facturaciones, por cuanto los técnicos municipales confirmaron que no eran reales. H
