El magistrado del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, que instruye diligencias para dilucidar si hubo delitos en la relación contractual del Ayuntamiento con la empresa Piaf y la emisión de facturas no confirmadas por los técnicos municipales por importe de 600.000 euros, ha decidido ampliar las pesquisas de la investigación y ha pedido un nuevo informe a la Intervención General de la Administración del Estado.
El organismo en cuestión ya elaboró un análisis el pasado mes de diciembre, también a instancias del mismo juez, en el que se aseveraba que “más allá del incumplimiento de tramitación de los endosos --en referencia al que el exalcalde popular Juan José Rubert realizó a favor de Piaf por 600.000 euros días antes de dejar la alcaldía-- establecido en el Ayuntamiento de Vila-real, se aprecia una irregularidad de fondo en tanto que solo son endosable créditos líquidos, vencidos y exigibles, derivados de adquisiciones, prestaciones o suministros recibidos por la Administración y reconocidos de acuerdo con el procedimiento establecido”.
El magistrado quiere profundizar más en el asunto, hasta el extremo de solicitar a la Intervención del Estado un dictamen sobre “si la totalidad de las facturas emitidas por Piaf se corresponden con trabajos efectivamente realizados y ejecutados y, en el caso de que lo sean, si aquellos lo han sido en edificios públicos titularidad del Ayuntamiento”.
Asimismo, pide un informe sobre “si hubo perjuicio patrimonial y en qué cuantía a la Administración local, en concreto, al Ayuntamiento de Vila-real, derivado de la actuación discrecional en la selección del contratista --Piaf--, como consta en anteriores informes de la Intervención General de la Administración del Estado”.
La providencia se completa con la petición para dilucidar si el endoso de facturas por importe de 600.000 euros que firmó el exalcalde Rubert puede producir o ha producido perjuicio patrimonial al consistorio vila-realense, máxime teniendo en cuenta que el Banco Sabadell pagó aquel endoso y, por tanto, puede reclamar este importe al municipio. H
