La residencia Sant Llorenç de Vila-real no cierra, al menos por ahora. Así lo comunicaron ayer desde la empresa a los familiares, pocas horas después de conocerse que la Sala de lo Contencioso-administrativo número 4 del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana admitiera la solicitud de los letrados del geriátrico sobre la medida cautelar de suspensión de la orden de cierre temporal por un año del centro -que debía hacerse efectiva el próximo martes, 15 de septiembre-, dictaminada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas.

El abogado Pablo Ferrer tildó de «satisfactoria y muy buena noticia» esta decisión judicial que se fundamenta, dijo, en «evitar daños de difícil o imposible reparación», en caso de ejecutarse la clausura. Con todo, el futuro de Sant Llorenç sigue a expensas de lo que digan los jueces tras evaluar el recurso contencioso-administrativo -proceso que podría llegar a alargarse meses o años-, que interpusieron en febrero, en respuesta a la resolución del 30 de enero del Consell, y que derivó en una sanción económica por cerca de 140.000 euros por más de una decena de infracciones graves o muy graves, según la Administración y la orden de cese de la actividad durante 12 meses.

«A partir de ahora, el objetivo es que se reponga la situación anterior a esta locura porque se ha obrado con dolo», aseveró Ferrer, quien anunció querellas contra los directores generales y territoriales, «así como contra cualquier otro cargo que haya participado», al considerar que «se ha prevaricado y se ha puesto en peligro la salud de los residentes». «No era necesario llegar a este punto, se ha actuado de mala fe y ahora deberá reponerse la situación por lo que accionaremos las medidas necesarias», indicó el letrado de la firma.

RESIDENTES / La dirección del centro informó que, en la actualidad, continúan en las instalaciones 42 residentes, sobre los que los familiares deben decidir si se quedan o buscan otro centro. Mientras, los empleados informaron que ninguno de los expedientes en marcha tendrá ya carácter urgente y pidieron a quienes hayan solicitado plaza pública en vez de ayuda por prestación de servicio, pero quieran permanecer en la residencia, que lo comuniquen para revertir la tramitación.

La Generalitat, según establece el auto del TSJ respecto a la suspensión del cierre, tiene la posibilidad de presentar recurso de reposición en el plazo de cinco días.

Los familiares de los usuarios tienen hoy una nueva reunión con el director general de Infraestructuras sociales, Enric Juan.