El caso Piaf está más cerca de acabar en un juicio oral, tras ratificar las pruebas reunidas hasta el momento indicios de delito del exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert; el exteniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos Municipales y Agricultura, Ramón Tomás; el ingeniero técnico del consistorio, Miguel Ángel Zorrilla; y los empresarios de Piaf: Francisco Vicente Belenguer, Miguel Lobo, Alejandro Pons, Antonio Pons y Santos Pozo.
La nueva jueza encargada de la investigación, María Eugenia Gozalbo, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, ha incoado el procedimiento abreviado. Según el auto, al que ha podido acceder Mediterráneo, los empresarios denunciados, «falsificaron facturas (tanto engordando los trabajos realizados, como facturando por labores no contratadas o no existentes o no adeudadas por realizarse para terceros ajenos al consistorio)». Mientras que Rubert, Tomás y Zorrilla «vulneraron la normativa administrativa de contratación, así como de abono de las facturas que les eran giradas al Ayuntamiento».
A finales de este mes se espera la decisión de la acusación, el actual equipo de gobierno, y del Ministerio Fiscal para ir a juicio oral o pedir recurrir el auto. El proceso abierto pretende esclarecer presuntas irregularidades en recibos de la mercantil por 600.000 euros y la relación con los entonces responsables municipales.
