El juicio por el ‘caso Piaf’ cierra una década de investigaciones en Vila-real

De esta forma, en unas horas se cierra un proceso, pero se abre otro (el del propio juicio) que podría alargarse durante meses, en el caso de que las defensas o la acusación opten por recurrir la sentencia que emita la Audiencia. Además de los procesados, prestarán declaración otras 34 personas en calidad de testigos, entre las que están incluidos varios funcionarios del consistorio, así como ediles populares que compartieron mandato con Rubert.

Lo que ahora juzgarán es si el exalcalde popular y los otros siete acusados cometieron o no los presuntos delitos de malversación, prevaricación, falsedad documental y fraude de los que se les acusa. Unos hechos para los que la Fiscalía de Castellón mantiene su petición del archivo del caso, pese a reconocer en su día que se produjeron irregularidades, aunque estas no causaron perjuicio al Ayuntamiento, después de que, casi un año después de que asumiera la alcaldía el socialista José Benlloch, este anulara el pago de facturas emitidas por la mercantil Piaf, que sumaban unos 600.000 euros y que correspondían a trabajos que, como confirmaron en sede judicial los técnicos del Ayuntamiento, no se ejecutaron.

PETICIÓN DE PENAS // Con todo, la acusación particular que ejerce el propio Ayuntamiento de Vila-real solicita hasta nueve años y 10 meses de prisión para Rubert y Tomás, además de la inhabilitación por un máximo de 26 años para ejercer un cargo público, así como una indemnización a la ciudad. La de mañana es la primera de las sesiones, de un total de ocho, que continuarán los días 11, 12, 14, 15, 21, 22 y 28 de enero.

INAUGURACIÓN // La nueva jefatura de la Policía Local de Vila-real, cuyas facturas de final de obra copan buena parte de los 600.000 euros que suman los recibos ‘fantasma’ que pretendía cobrar del Ayuntamiento la empresa Piaf, fue inaugurada en marzo del 2011 por el último alcalde del PP, Juan José Rubert, a solo tres meses de las elecciones municipales que dejaron a los populares fuera del gobierno municipal. Una inauguración que, como ocurrió con el centro de tecnificación deportiva, se realizó pese a que no se habían completado los trabajos de reforma del antiguo cuartel de la Guardia Civil. De hecho, no fue hasta dos años después cuando los agentes municipales ocuparon su nueva sede.

FACTURAS 'DUDOSAS' // En mayo del 2012, y tras 10 meses de investigación municipal, el alcalde socialista José Benlloch decretó la anulación de un primer paquete de facturas de trabajos o servicios no justificados, por el mencionado total de 600.000 euros, que la empresa Piaf facturó al Ayuntamiento durante la legislatura del último ejecutivo popular liderado por Rubert. Unas facturas que, según explicó en su momento Benlloch, no contaban con la firma de técnicos municipales ni de los concejales responsables de las áreas afectadas. Sin embargo, los recibos sí que estaban rubricados por el entonces primer edil Rubert, algo que hizo efectivo «el día antes de la toma de posesión como alcalde» de Benlloch, dijo el socialista. Una rúbrica que un banco consideró válida para adelantar el dinero a la mercantil para, posteriormente, reclamarlo al consistorio.

A FISCALÍA // Fue en septiembre del 2012 cuando el Ayuntamiento de Vila-real remitió a la Fiscalía de Castellón el expediente con la relación de facturas irregulares emitidas por Piaf . En un principio, el Ministerio Fiscal estimó indicios de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental. Sin embargo, en abril del año 2014 decidió archivar el caso, ya que, pese a reconocer la existencia de facturas que no cumplían con los requisitos legales, consideraron que no hubo un perjuicio para el Ayuntamiento, ya que no se abonó ese importe.

VÍA PENAL // Las conclusiones de la comisión de investigación creada con el voto unánime de la corporación municipal para dilucidar lo ocurrido con las facturas de Piaf, que no estuvo exenta de enfrentamientos entre el PP y el PSPV, fue decisiva para formalizar una denuncia por lo penal por parte del consistorio. El juzgado culminó el proceso a principios del 2019, tras más de tres años y medio de pesquisas, decidiendo abrir juicio oral, que arrancará mañana jueves.