El Ayuntamiento de Vila-real acaba de recibir un nuevo varapalo en forma de sentencia urbanística, aunque en esta ocasión no obliga a pagar en dinero sino a restituir a su propietario el solar ocupado en el 2010 por el último ejecutivo local del PP, liderado por el exalcalde Juan José Rubert, para construir lo que actualmente es el jardín Botànic Calduch.
De esta forma, y como ayer informó el portavoz del actual equipo de gobierno, Javier Serralvo, el fallo dictado por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Castellón anula el acuerdo de la junta de gobierno del 27 de septiembre del 2010 por ser «contrario a derecho», con la consiguiente condena a la Administración demandada a «cancelar las inscripciones y anotaciones registrales efectuadas a su favor en relación al inmueble ocupado», devolviendo el solar a su dueño antes de la ocupación.
El fallo judicial obligaría al consistorio a desmantelar el jardín en cuestión --cuya creación supuso una inversión de unos 238.000 euros-- y a retornar los terrenos a su dueño. Al respecto, Serralvo explicó que el anterior ejecutivo local del PP «realizó una expropiación forzosa mediante una ocupación directa del solar sin el consentimiento del propietario, con el único objetivo de hacerse la foto e inaugurar en un terreno que ni siquiera era suyo y que robaron bajo el pretexto de lo que ellos denominaban urbanismo a coste cero».
Y añadió: «Esta maleza, consentida por el actual portavoz popular, Héctor Folgado, que también estaba en aquella junta de gobierno que aprobó la ocupación, es una de las más graves que hemos padecido en los últimos tiempos, porque lo peor no es que tengamos que devolver el jardín que ahora usan cientos de vecinos, sino que además la justicia nos condena a pagar los daños e intereses generados y también a abonar las costas del juicio».
GABINETE JURÍDICO // En cualquier caso, el portavoz del ejecutivo vila-realense informó que el gabinete jurídico del Ayuntamiento estudia ahora las acciones a acometer «para defender los intereses de la ciudad», por cuanto la sentencia es susceptible de ser recurrida, aunque Serralvo dijo apostar por agotar las posibilidades de negociación para llegar a un acuerdo con el dueño, con el objetivo de salvar la zona verde.
«Igual que hemos hecho en otros casos, como el del solar anexo con cuyos dueños llegamos a un pacto dialogando, intentaremos hablar con el demandante para intentar una solución menos drástica», aclaró. H
