El alcalde de Vila-real, José Benlloch, anunció ayer un nuevo «mazazo» económico para el Ayuntamiento de Vila-real, después de que el Jurado Provincial de Expropiación haya fallado que el consistorio tiene que abonar 3,7 millones de euros en un último paquete de resoluciones, por la ocupación de terrenos entre los años 2009 y 2010, durante el último ejecutivo local del PP liderado por Juan José Rubert.
Una valoración que se queda a medio camino entre lo que reclamaban los propietarios del suelo ocupado --básicamente, solares para el centro de tecnificación deportiva, accesos al Centre de Congressos y parcelas en lo que hoy es el jardín de Jaume I--, que ascendía a un importe de 8,5 millones de euros, y la tasación efectuada por los técnicos municipales, que está en los 1,9 millones.
Una cifra, esta última, que igualmente tendrá que abonar el municipio a los dueños. «Aunque vamos a recurrir para defender, como siempre hemos hecho, hasta el último euro de los vila-realenses, lo que queda fuera de toda duda es que esos 1,9 millones en que los técnicos valoran los solares tenemos que pagarlos en un plazo de seis meses, a contar desde mediados de febrero, cuando se dató la resolución del Jurado de Expropiación, de manera que una vez más los empastres y el casino urbanístico del PP va a poner en serias dificultades las arcas municipales», puntualizó el primer edil vila-realense.
De hecho, Benlloch advirtió que una de las primeras consecuencias será «la nota de reparo del departamento de Intervención a la distribución de remanentes anunciada la semana pasada, en la que se incluyen fondos para el banco de viviendas sociales o una furgoneta para Cáritas, entre otros gastos sociales y para entidades locales».
«Estamos pagando ahora lo que otros --en referencia al PP-- gestionaron fatal, con ocupaciones de suelo ilegales», advirtió el munícipe, quien, pese a estos «sustos» en forma de sentencias urbanísticas, aseguró que «hay futuro, siempre que se gestione la ciudad con responsabilidad».
DERECHOS // Benlloch hizo hincapié en que desde el consistorio nunca han puesto en cuestión «el derecho de los propietarios a cobrar por sus tierras», pero sí que defienden «siempre los intereses de la ciudad, buscando acuerdos y peleando cada euro», lo que les ha permitido «ahorrar algo más de ocho millones de euros, como corrobora la auditoría urbanística» que presentaron semanas atrás «y que nadie se ha atrevido a rebatir». En este sentido, recordó que en las últimas dos legislaturas, el Ayuntamiento de Vila-real ha pagado 25,2 millones «por los empastres urbanísticos del PP y que todavía generan un riesgo de otros 50», detalló.
El alcalde añadió que la idea es «intentar pagar esta cantidad de dinero con cargo al presupuesto del 2020», aunque el plazo para hacer efectivos los 1,9 millones finaliza a mediados de agosto.
Además, Benlloch dejó la puerta abierta a reclamar responsabilidades personales ante la justicia , «en cuanto finalice el procedimiento civil y el pago de nuevas sentencias que llegarán en los próximos meses».
