Penúltima sesión del juicio sobre el caso Piaf caso Piafen el salón de actos de la Audiencia Provincial de Castellón. Ayer finalizó la ronda de declaraciones de los testigos, cuyos testimonios ayudarán al tribunal a dirimir si el exalcalde de Vila-real Juan José Rubert y su exedil de Obras y Servicios Públicos, Ramón Tomás, entre otros procesados, cometieron o no los supuestos delitos de prevaricación, malversación y falsedad documental sobre los contratos que mantenía el Ayuntamiento con la constructora Piaf, entre el 2007 y el 2011.
Uno de los comparecientes de la vista de ayer fue el perito, especialista en Derecho, que ya había redactado dos informes en base a la documentación que le brindó el consistorio y que no titubeó en afirmar que tanto la primera como la segunda prórroga (entre el 2007 y el 2011) de los contratos con Piaf son «ilegales». El motivo es que la corporación de entonces debería haber formalizado «un acuerdo con un mes de antelación antes de la expiración del contrato», algo que nunca llegó.
Por «inacción» del consistorio
El experto en pormenores jurídicos aseguró que el Ayuntamiento tenía a su disposición más herramientas y mecanismos legales para no auspiciar una prórroga «fuera de procedimiento», por lo que aseveró que «no es admisible» que «por inacción» del consistorio «se salten las leyes». Entre las opciones, destacó la de redactar un contrato puente (entre el plazo del documento que vencía y hasta la formalización del nuevo, aunque fuera la misma empresa la que continuara los trabajos ese periodo) o un contrato de urgencia (que reduce los plazos a la mitad).
Asimismo, al igual que defendió el exsecretario municipal en su declaración, el perito también considera que la irregularidad de esas prórrogas ha provocado «perjuicios» para el Ayuntamiento, ya que «al no haber actuado conforme a la ley» se vulnera la «libre concurrencia» de las empresas en una «hipotética licitación», entre otros efectos. No obstante, como reconoció a la pregunta del fiscal, afirmó que es «imposible cuantificar a fecha de hoy» los perjuicios.
«Ninguna advertencia de ilegalidad» en las obras del trinquete
Antes del perito, el primero en prestar declaración fue el que fuera arquitecto del servicio municipal y después, a partir del 2007, concejal de Urbanismo, Alfredo Sanz. La letrada de la acusación particular ahondó en su interrogatorio sobre si no le parecía extraño, tal como le mostraron, que hubiera fraccionados cuatro contratos de obras menores en el trinquete (cuyos trabajos empezaron a finales del 2006) que pasaban de los 29.000 euros, pero sin llegar a 30.000 (lo que implica que no es necesario que sean fiscalizados por Intervención). «Yo firmé las facturas (cuando era técnico), pero no sé el porqué de ese fraccionamiento», contestó, y aseguró que no recuerda «ninguna advertencia de ilegalidad» en esta obra.
Por último, el también arquitecto y director de la obra del edificio de la Policía Local, Ernesto Ramos, remarcó que no recepcionó la reforma de este inmueble en su momento, de la que se encargaba Piaf, porque faltaban «importantes actuaciones» pendientes por hacer («seguridad contra incendios, ventilación, impermeabilización...»), por lo que tuvieron que recurrir a otra empresa, ya que la propia Piaf se encontraba en concurso de acreedores.
Folgado carga contra el uso electoralista del caso
Otro testigo que también ofreció ayer su testimonio fue el actual portavoz del PP en Vila-real, Héctor Folgado, que en el periodo de los hechos enjuiciados era concejal de Cultura y Juventud en el Ayuntamiento. Abordado por los abogados de las defensas, especialmente la de Rubert, el exedil se ciñó al área que asumía en el consistorio e indicó que «no conocía lo que era el endoso y su procedimiento», aunque afirmó que le habían explicado que «Intervención siempre sería la última en ratificar que todo lo hecho estaba correcto».
Folgado aseguró que el consistorio sigue aprobando ahora «numerosas» relaciones de gastos con notas de reparo de Intervención, que cifró en «millonarias», y llegó a cuantificar «entre 15 y 20 millones de euros».
El líder de los populares vila-realenses aprovechó las preguntas para cargar contra el actual alcalde, José Benlloch, al que afeó su actuación en un pleno de hace un año, en el que, según reprochó Folgado, enseñó al resto de concejales «recortes de prensa» para justificar que «las notas de reparo (objeciones o informes en contra del departamento de Intervención en relación a un proyecto) son normales».
Y criticó el uso electoralista del caso Piaf por parte del equipo de gobierno, encabezado por el PSOE: «Llevan años utilizando este caso como una victoria, como si no existiera la presunción de inocencia y sembrando una sombra de corrupción sobre el PP».
El juicio quedará visto para sentencia este miércoles con la lectura de conclusiones
Tras una década de investigaciones en torno a las facturas entre el Ayuntamiento de Vila-real y Piaf, el juicio quedará esta semana visto para sentencia con la lectura de las conclusiones de las partes. Lo hará este miércoles, a partir de las 10.00 horas, y la acusación particular (que representa al Ayuntamiento) ya adelantó ayer que ha modificado algunos puntos de su versión inicial, aunque no se esperan grandes cambios respecto a lo que pide para Rubert y Tomás, que son nueve años y diez meses de cárcel para cada uno, además de un máximo de 26 años de inhabilitación para empleo o cargo públicos y una indemnización.
El fiscal, por su parte, si no hay cambio de última hora, pedirá la absolución de los acusados, ya que no detecta ningún perjuicio económico para el consistorio, puesto que las facturas no llegaron a pagarse.
