Hasta nueve años y 10 meses de prisión pide la acusación particular del caso Piaf, que representa al Ayuntamiento de Vila-real, para el que fue alcalde en la última legislatura del PP, Juan José Rubert, así como para su primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás. Una solicitud de pena de privación de libertad que se suma a la de un máximo de 26 años de inhabilitación para empleo o cargo en puestos públicos.

Así se refleja en el escrito de acusación que realiza el consistorio, como parte en el proceso. Sin embargo, la Fiscalía de Castellón mantiene su apuesta por no pedir responsabilidades, al considerar que el endoso de 600.000 euros que el exalcalde Rubert firmó poco antes de abandonar la alcaldía para que un banco abonara esta cifra a la empresa Piaf --y pese a no contar con los informes favorables de los departamentos de Intervención y de Tesorería-- no se tradujo en un perjuicio para el Ayuntamiento, por cuanto el nuevo ejecutivo liderado por el socialista José Benlloch decidió, en junio del año 2011, no pagar la cantidad que la entidad financiera le reclamaba. En concreto, solicitan estas penas no solo a Rubert y Tomás como presuntos autores de delitos continuado de prevaricación, malversación, fraude y falsedad de documento mercantil, sino también al funcionario Miguel Ángel Zorrilla y otras cinco personas que están vinculadas a la mercantil en cuestión: los hermanos Antonio y Alejandro Pons Dolz, Santos Pozo, Miguel Lobo y Francisco Vicente Belenguer.

DEFENSAS // Por su parte, las defensas de los diferentes imputados en el auto que emitió el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real para la apertura de juicio oral, tras tres años de procedimiento de investigación, redactan en estos momentos sus correspondientes escritos de defensa. Independientemente de ello, la Audiencia Provincial será la que establezca el Juzgado de lo Penal de Castelló que tendrá que juzgar el caso, así como el día en que tienen que empezar las vistas.

Además de los acusados en este procedimiento judicial, en el que se valora si Piaf facturó trabajos que en algunos casos ni siquiera realizó --según señalaron los técnicos municipales--, también reclaman la declaración como testigos de más de veinte funcionarios del Ayuntamiento de Vila-real, así como de siete de los concejales del equipo de gobierno del PP en el periodo investigado: Javier Nácher, Ana Delfi Martín, María Luisa Porcar, Juan Luis Fabregat, Alfredo Sanz, María Dolores Girona y Héctor Folgado.

Asimismo, reclaman que los acusados y Piaf indemnicen al consistorio con 22.528,75 euros, sin perjuicio de que esta cantidad pueda ser incluso mayor.