Dos fueron los puntos que generaron debate entre el equipo de gobierno --PSPV-PSOE y Compromís-- y la oposición --PP y Ciudadanos (Cs)-- durante el transcurso del pleno extraordinario celebrado en la mañana de ayer.

En concreto, la aprobación de las bases que regirán la licitación del préstamo de casi 4,9 millones y la inclusión en el plan Castellón 135 de la Diputación de la segunda fase del proyecto para el recién rehabilitado Molí la Vila fueron los asuntos que, incluso, crisparon en algún momento una sesión plenaria que en principio se preveía tranquila.

La operación financiera que pretenden contratar en las próximas semanas, por importe de 4.895.000 euros, tiene por finalidad, como explicó la concejala de Hacienda, Sabina Escrig, «hacer frente al pago de aprovechamientos, expropiaciones y zonas dotacionales que no se expropiaron en su momento» y que ahora tiene que abonar el Ayuntamiento como parte «de la herencia recibida de la gestión de anteriores ejecutivos locales del PP».

De esta forma, cerca de 4,4 millones se asignarán a saldar deuda de operaciones urbanísticas, mientras que los restantes 500.000 euros servirán para abonar la correspondiente anualidad por la compra del Gran Casino.

PGOU // De nuevo el actual Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila-real --aprobado en 1993 por el equipo de gobierno socialista del alcalde Enrique Ayet, pero gestionado durante 16 años por los ejecutivos populares liderados por Manuel Vilanova y Juan José Rubert-- fue el arma arrojadiza en el que basaron sus argumentos tanto desde el actual gobierno local como desde la oposición, básicamente del PP.

Mientras el portavoz popular, Héctor Folgado, responsabilizó a los socialistas de las consecuencias de su planeamiento urbanístico, el alcalde, José Benlloch, culpabilizó de las distintas sentencias a los anteriores ejecutivos del PP y aseveró: «Ustedes no cambiaron ni aprobaron un nuevo PGOU en todos los años en que gobernaron, simplemente porque no les interesaba».

Además, Benlloch defendió la contratación de este crédito «que es necesario para pagar aquello a lo que la justicia obliga». E hizo hincapié en que el préstamo se licita a 20 años, con una carencia de dos, y «con un interés que rondará solamente el 0,20%».