La corporación municipal de Vila-real aprobó ayer, con los votos favorables del PSPV-PSOE y Compromís; y en contra del PP y Ciudadanos (C’s), la aplicación de una subida media del impuesto de bienes inmuebles (IBI) del 9,5%, justificada por la «necesidad», que se aplicará en los recibos del próximo ejercicio del 2017.

Un incremento que permitirá al ejecutivo liderado por José Benlloch recaudar 1,8 millones de euros más, con los que hacer frente, y de manera mayoritaria según explicó el alcalde socialista, a sentencias y convenios urbanísticos «de herencia del PP que, por desgracia, siguen estando ahí», aunque también a otras necesidades como «el medio millón de euros de sobrecoste del tratamiento de basuras, mantenimiento de nuevas infraestructuras deportivas, recortar el pago a proveedores, recuperar el plan de mejora de barrios o la colaboración con la empresa local».

Al respecto de este incremento, el portavoz del ejecutivo, Javier Serralvo, afirmó: «Una de nuestra primeras decisiones, cuando accedimos al gobierno municipal en el 2011, fue parar el desenfreno del PP en el aumento de los impuestos a los vecinos; una sangría que se refleja en la evolución del padrón del IBI, que pasó de los 7,7 millones del 2003 a los 19,6 millones del 2011». Y recordó que lograron «congelar este impuesto e incluso bajarlo en el 2014», por lo que dejaron «de recaudar 1,2 millones», detalló.

Pese a los motivos esgrimidos tanto por Benlloch como por Serralvo para justificar el aumento en el IBI, los portavoces del PP y de Ciudadanos, Héctor Folgado y Domingo Vicent, criticaron duramente esta medida, aunque con diferentes argumentos.

«SE NOS CASTIGA» // «No solo se nos castiga a todos los vecinos de Vila-real a pagar la nefasta gestión de Benlloch, sino que queda claro que el alcalde no está dispuesto a renunciar a gastos, como la compra del Gran Casino por dos millones, 12.000 euros en comidas, duplicar el gasto de protocolo o gastar más de 4.300 euros al año para actualizar el Facebook del Servei Municipal d’Esports», esgrimió el edil Folgado.

Por su parte, Vicent reclamó al ejecutivo que «reflexione acerca de su gestión», porque se ha pasado «de la política del empastre a la política del desastre». Y criticó que «de cada sentencia se haga un teatro» cuando el equipo de gobierno admitió «que ya conocían los riesgos urbanísticos a los que se enfrentaban al liderar el consistorio en el 2011».

Precisamente, la gestión urbanística del último gobierno local del PP fue motivo de un encendido debate y momentos de cierta tensión entre el alcalde Benlloch y el popular Folgado.

REVERSIBILIDAD // En su turno de palabra, el portavoz de Compromís, Pasqual Batalla, justificó la subida del IBI en la necesidad de hacer frente a los «extras» que suponen las sentencias urbanísticas, aunque lucharán «por revertir esta medida lo más pronto posible, en cuanto la situación del consistorio sea algo mejor», dijo. H