El uso fraudulento de las tarjetas de movilidad reducida que el Ayuntamiento de Vila-real concede a personas discapacitadas está siendo objeto de una vigilancia especial por parte de la Policía Local. Tanto es así que en el último mes, los agentes adscritos a la Unidad de Tráfico han intervenido un total de 13 autorizaciones de estas características, bien por estar caducadas, por presentar alguna deficiencia que las hacía inservibles o, simplemente, por ser fotocopias de originales, lo que está expresamente prohibido.

Pero la acción policial en el último mes no se ha quedado ahí, ya que se han interpuesto 10 denuncias a conductores por hacer uso de una tarjeta que ya no estaba vigente, uno por utilizar una fotocopia y tres por llevar un documento que era ilegible.

Con todo, el grueso de las multas --un total de 55-- lo copan aquellos que, no siendo discapacitados, aparcaron sus vehículos en espacios reservados para el colectivo de personas que tienen problemas de movilidad.

El control especial desarrollado por la Policía Local responde a la petición de la asociación Acudim, para que se vigile el adecuado cumplimiento de este tipo de autorizaciones. Y es que, como asegura la presidenta de la entidad, «hay gente que aprovecha la tarjeta de un familiar para estacionar en estas reservas, aun sin trasladar en el vehículo al beneficiario de la misma».

"Es como un DNI"

Al respecto, Mora explica que «este tipo de autorización se da a título personal, es como el DNI que nadie puede usar en nombre de otra persona». Además, la presidenta de Acudim --y ahora también, en funciones, de Cocemfe Castellón-- hace hincapié en que «el Ayuntamiento hace un esfuerzo importante en este sentido, porque no cobra tasa alguna por estas reservas destinadas para las personas con discapacidad, lo que supone un logro para este colectivo».

Por su parte, la concejala de Seguridad Ciudadana, Silvia Gómez, justifica esta iniciativa de vigilancia especial, «ya que las personas con alguna discapacidad que hacen un uso correcto de estas tarjetas ven injusto que otros ciudadanos se aprovechen y hagan una utilización fraudulenta o incorrecta de ellas, y así nos lo trasladaron, de manera que vimos necesario realizar una revisión a fondo de este sistema».

Asimismo, el intendente de la Policía Local Ramón Martínez advierte que «emplear estas autorizaciones, en beneficio propio sin ser discapacitado o disponer de documentos no originales, es un delito de falsedad documental y puede comportar prisión».