Los empresarios Alejandro Pons y Santos Pozo --que ejercieron diferentes cargos en la empresa Piaf, entre ellos los de administradores solidarios de la misma-- esquivaron ayer cualquier responsabilidad en la posible comisión de irregularidades en la facturación de trabajos al Ayuntamiento de Vila-real y apuntaron al área financiera de la firma --en concreto a su director, Alejandro Martínez-- en las diligencias que se siguen en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vila-real, en el que se investiga si se produjeron delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos durante la relación contractual de la mercantil con el Ayuntamiento, especialmente en el periodo 2007-2011, con el equipo de gobierno liderado entonces por el exalcalde popular Juan José Rubert.

CITACIÓN // Pons y Pozo son, por ahora, las dos últimas personas que declararon ante el magistrado de Vila-real en calidad de investigados (antes imputados). En las próximas semanas lo harán un total de 18 funcionarios y ocho de los ediles del PP con responsabilidades de gobierno en el momento que se investiga.

En su declaración, Alejandro Pons alegó que él se encargaba del área de relación con los bancos, mientras su hermano Antonio --compareció en marzo-- tenía entre sus responsabilidades la de las relaciones con las administraciones. Aun así, reconoció que pudieron producirse “errores” y que sí que cobraron los 600.000 euros del endoso avalado por el exalcalde Rubert, al abonar el mismo el Banco Sabadell.

Por su parte, Pozo aseveró que ejercía su trabajo fundamentalmente en los talleres de la empresa y también apuntó al director financiero en el tema de la facturación. Tanto Pons como Pozo evitaron hacer declaraciones a su salida del Palau de Justícia. H