El portavoz del equipo de gobierno de Vila-real, Javier Serralvo, y los ediles de Compromís, Josep Pasqual Sancho y Santi Cortells, reclamaron ayer --aunque en comparecencias por separado-- que el PP «dé explicaciones y diga la verdad sobre el caso Piaf», un proceso en el que investigan presuntas facturas falsas emitidas por la mercantil por importe de 600.000 euros y que, como avanzó Mediterráneo el martes, ya tiene vía libre para abrir juicio oral, tras el auto dictado por el magistrado que ha instruido la causa durante cerca de tres años.

Al respecto, Serralvo exigió al actual portavoz de los populares y presidente local, Héctor Folgado --el único de los ediles del partido que queda de la última legislatura del PP, con el exalcalde Juan José Rubert al frente-- que «dé la cara y que se explique, que diga lo que sabe». Y añadió el concejal: «Por nuestra parte, seguiremos defendiendo que no se debe pagar ese dinero y esperamos que ahora que está en manos de la justicia, alguien se anime a dar la cara y ayude a resolver este caso de una vez por todas».

DEFENSA // El portavoz del ejecutivo local insistió en que en el hecho de que se llevara este asunto ante los tribunales, «no existe ningún ánimo de venganza hacia nadie, sino que obedece a un único objetivo, como es proteger los intereses de esta ciudad».

Serralvo recuerda que Piaf «era la única empresa que podía trabajar en el mantenimiento de Vila-real en la última etapa del PP, con sobrecostes continuados». Y añade que la guinda se vivió cuando la mercantil «presentó una serie de facturas, por importe de 600.000 euros por trabajos que no había realizado», entre el día de las elecciones municipales del 2011 y la toma de posesión del equipo de gobierno de progreso, liderado por el alcalde socialista, José Benlloch.

Por su parte, el nacionalista Sancho hizo hincapié en que este proceso judicial «es el resultado de haber sido uno de los primeros ayuntamientos en no pagar la deuda ilegítima heredada del PP», en referencia a la paralización del pago de los 600.000 euros en facturas presuntamente falsas por parte del consistorio.

Mientras, Cortells mantuvo que el PP, «por decencia y ética, tendría que pedir disculpas».