El colectivo judicial de Vila-real reclama la habilitación de un abogado de turno destinado exclusivamente a atender los casos de violencia de género, plaza en la actualidad inexistente. Una reclamación que se produce tras la decisión de que las agresiones machistas de los partidos judiciales de Nules y Segorbe se centralicen en el juzgado específico del Palau de Justícia vila-realense.
Y es que aunque la Conselleria de Justicia, Administraciones Públicas y Reformas Democráticas sí destinará un letrado para las víctimas, en el caso del presunto agresor será el de turno quien tendrá que asumir su defensa.
Una situación que, como aseguran, provoca una «seria disfunción» en el funcionamiento del resto de juzgados, por cuanto las denuncias por violencia machista tienen prioridad sobre los procedimientos comunes, de manera que estos se ven ralentizados.
CARGA // De esta forma, las fuentes consultadas por Mediterráneo aseguran que el departamento que lidera la consellera Gabriela Bravo ya conoce la demanda del colectivo profesional. «Si se quieren hacer bien las cosas es necesario que haya un letrado con dedicación única para la violencia de género en lo que se refiere al derecho de asistencia al detenido». En este sentido, hacen hincapié en que el juzgado especializado de Vila-real «triplicará, al menos, los asuntos que llegan en la actualidad, ya que también se triplica la población a la que atender, pues a los 80.000 habitantes del partido judicial que engloba Vila-real y Burriana se suman los 120.000 del de Nules y los casi 28.000 del de Segorbe».
la FISCALÍA // Asimismo, y con la misma intención, también reclamaN un fiscal exclusivo para los procesos de agresiones machistas. «En este caso, lo lógico es que hubiera un representante de la Fiscalía propio para estas situaciones, al igual que hay un juez».
La consellera Bravo anunció el pasado 13 de diciembre que el Juzgado de Violencia de Género de Vila-real asumía desde el 1 de enero los procesos de los partidos de Nules y Segorbe. Y a principios de este mismo mes, tras una reunión mantenida con jueces y responsables del Ministerio Fiscal, informó de que la Conselleria correría con todos los gastos derivados de los desplazamientos de las mujeres maltratadas y que, además, estas contarían con el acompañamiento de personal de las oficinas de atención a las víctimas del delito.
Ahora, lo que solicitan los profesionales del sector judicial es que doten de al menos una plaza específica para poder atender al presunto agresor, con la finalidad de «no afectar y ralentizar la marcha en los procedimientos ordinarios», puntualizan.
