La acumulación de sentencias urbanísticas que sufre el Ayuntamiento de Vila-real ya asciende a más de 30 millones de euros. Un «rosario de la aurora» que tiene como último «mazazo», como se refiere el alcalde, José Benlloch, en la resolución por la apertura de la avenida França en el 2009. La decisión judicial, a falta de conocer el resultado del recurso, obligará al pago de 1,2 millones de euros a los propietarios de la parcela «ocupada ilegalmente» por el entonces equipo de gobierno presidido por Juan José Rubert (PP).

Desde el 2011, los casos se suceden uno tras otro. El jardín Jaume I, el parque Botànic Calduch, el Molí la Vila, el suelo para la EOI o la parcela del colegio José Soriano, entre otros. Todos ellos tienen en común que son proyectos que han tenido contraindicaciones por parte del juez y que han derivado en sanciones que merman las arcas municipales.

riesgo // Un «lastre», como señala la edila de Hacienda, Sabina Escrig, al que se podrían añadir más conflictos. El riesgo actual por estos asuntos suma más de 50 millones, tal y como confirma un informe realizado por la intervención municipal en septiembre. Una cifra millonaria que corresponde a las reclamaciones de los propietarios que han acudido a los juzgados para defender sus derechos --unos 20 millones-- y a los expedientes recibidos por el Jurado de Expropiación de Castellón, cantidad que alcanza más de 30 millones de euros.

gestión // El consistorio se ve obligado con todo ello a ser prudente en el día a día. «Hay que mirar adelante, a pesar del nefasto pasado y estos empastres continuados, porque nuestra obligación es conseguir que la localidad avance, aunque es difícil gestionar cosas así», subraya el munícipe. Hace unas semanas, el edil de Urbanismo, Emilio Obiol, utilizó una metáfora más contundente y catalogó lo que están viviendo como un «mondongo urbanístico».

Entre los instrumentos contables afectados están los presupuestos del 2018 que, de momento, están en stand by. La última sanción no les afectará, pero la responsable de Hacienda apunta que harán un «enorme esfuerzo» para hacer frente a los pagos y sacar adelante las cuentas.

Por otro lado, el consistorio estudia reclamar «responsabilidades personales». En la última resolución, el juez ha interpuesto un 25% adicional en el importe total, lo que confirma que los gestores incumplieron la ley.