El salón de vistas de la Audiencia Provincial de Castellón ha acogido este lunes la segunda sesión -hay previstas ocho en total- sobre el caso Piaf, en la que ha declarado -solo a preguntas del fiscal y su defensa- el exalcalde de Vila-real Juan José Rubert (PP), entre el 2007 y 2011, al que la acusación particular le pide 9 años y 10 meses de cárcel por unos supuestos delitos de prevaricación, malversación de fondos y falsedad documental.

El ex primer edil ha negado rotundamente los hechos y ha asegurado que él "no tiene capacidad" para imponer ningún tipo de abono. "Yo no he firmado ninguna factura ni he ordenado pagar nada a esa empresa", ha aseverado Rubert durante su declaración, a la vez que ha remarcado que el polémico contrato de mantenimiento de edificios públicos fue adjudicado a Piaf a finales del 2006, antes de que él asumiera el cargo como alcalde (accedió a principios del 2007).

"Piaf simplemente era una de las muchas empresas que tenía contratos entonces con el Ayuntamiento, era una más", ha insistido.

"La acusación busca destruir al enemigo"

Otro de los acusados que se ha sentado este lunes en el banquillo de los acusados es el que fuera primer teniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos durante esa última legislatura del PP al frente del equipo de gobierno, Ramón Tomás. "No sé por qué estoy acusado, lo que busca la acusación -que ejerce el Ayuntamiento de Vila-real- es destruir al enemigo y no sé realmente por qué", ha defendido durante su declaración.