El proceso que por el momento se sigue en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vila-real, que investiga supuestas irregularidades en la contratación de una asesoría de comunicación y política por parte del Ayuntamiento, va camino de hacerse todavía más largo.

Y es que, según han informado a Mediterráneo fuentes judiciales, la jueza encargada de investigar el llamado caso coach ya ha tomado declaración, aunque como testigos, al secretario y al interventor municipales y, al mismo tiempo, también ha reclamado a la Fiscalía de Castellón --que es la institución que llevó el asunto al juzgado, tras la denuncia presentada por el grupo municipal del PP-- que informe sobre su opinión al respecto de la condición de aforada de la concejala Sabina Escrig, quien, a su vez, es diputada en Les Corts, y que junto al también edil socialista Emilio Obiol y el alcalde, José Benlloch, son quienes la Fiscalía considera como presuntos responsables de la contratación de la coach.

Una consulta que, después de que la propia Escrig remitiera esta nueva situación al juzgado, también se ha traslado al resto de partes que actúan en el caso, “para que informen sobre al competencia” del número 4 de Vila-real en esta investigación.

De esta forma, y como ya era previsible, el aforamiento de Escrig abre un nuevo tiempo en este procedimiento que, muy probablemente, deberá asumir el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ), organismo que, en principio, tendrá que decidir si toma declaración como imputados a Benlloch, Escrig y Obiol, o si por el contrario archiva finalmente el proceso.

En cualquier caso, y siempre según lo indicado por las fuentes del TSJ, la causa continúa en el juzgado vila-realense, a la espera de que su titular decida si sigue asumiendo el mismo o lo eleva al Alto Tribunal valenciano.

INICIOS // El denominado caso coach arrancó después de que la Fiscalía Anticorrupción considerara que no era de su competencia la denuncia realizada en mayo del 2014 por el PP de Vila-real, liderado por Héctor Folgado, por el pago de facturas por importe superior a 18.000 euros a una empresa de asesoría sin haberse sacado a concurso público.

Anticorrupción decidió remitirlo a la Fiscalía de Castellón, donde sí que advirtió hechos que “podrían resultar constitutivos de un delito de malversación y un delito de falsedad documental”, por lo que el Ministerio Público remitió la documentación al Juzgado número 4 de Vila-real, que sigue el procedimiento. H